Este  jueves concluyeron las mesas de trabajo que la Comisión de Justicia y Seguridad Pública realizó con el tema  Desaparición Forzada de Persona.

Luego de celebrar 3 mesas de trabajo, con apoyo de organismos como CADHAC y la oficina del Alto Comisionado de la ONU, el diputado César Garza Villarreal, presidente de la Comisión, anunció que, gracias a esta última reunión, ya se cuenta con una propuesta de dictamen.

Además, para elaborar el ante proyecto, se contó también con la participación de personal del Poder Judicial, la Procuraduría de Justicia, así como con los grupos legislativos que conforman el Congreso.

El diputado explicó que  el próximo lunes se reunirá la Comisión de Seguridad, y será circulado el dictamen entre sus integrantes y de no haber observaciones, se podrá someter a consideración del pleno.

"Creemos que escogimos el camino correcto, que es crear la desaparición forzada de persona como un delito autónomo, cometido por servidores públicos, que frena los abusos que se cometen por algunos miembros de instituciones policiales", señaló.

Este nuevo delito tendrá agravantes  con hasta un 50% más de la pena, cuando se cometa contra personas con algún tipo de discapacidad, menores de 18 años, mujeres embarazadas, mayores de 60 años o personas que tengan algún tipo de cualidad especial, por mencionar,  personas del Poder Judicial, líderes sindicales, contra un servidor público, cuando se cometa contra un periodista, migrantes, será un agravante especial porque la desaparición tiene un objetivo especial aparte.

Se impondrán penas de 20 a 60 años, siendo un delito equiparable al secuestro, se establecen atenuantes, en la reducción de la pena, al  primero que aporte datos, para romper la  cadena de servidores públicos involucrados en esta actividad y aporte datos, se reduce también cuando la víctima es puesta en libertad, sin daño, dentro de los cinco días siguientes al que se dio la desaparición.

Tiene medidas tendientes a estimular que se rompa una cadena de la complicidad y de esa forma dar con la verdad, que es uno de los objetivos que tiene este delito, conocer la verdad de los hechos.

El delito es permanente y continuado, se establece en el Código Penal del Estado, creando para esto, un capítulo 25, que se llama "Desaparición Forzada de Persona".

César Garza Villarreal, enfatizó que se tiene el ofrecimiento por parte de Alan García, director jurídico del alto comisionado de la oficina de la ONU, de hacer un pronunciamiento público de que la legislación de Nuevo León, se ubicará entre las más avanzadas del país en esta materia, junto con el Estado de Guerrero, comentando que es algo que se ha logrado gracias al trabajo de muchas personas que han aportado sus ideas para que esto llegue a buen término.