Gobierno del Estado de Nuevo León
Foto: H. Congreso del Estado de Nuevo León
PROPONE DIPUTADO JORGE BLANCO MAYORES SANCIONES PARA ACOSO CIBERNÉTICO
6 de Febrero 2018

PROPONE DIPUTADO JORGE BLANCO MAYORES SANCIONES PARA ACOSO CIBERNÉTICO

Monterrey, 6 de Febrero 2018

Para proteger la dignidad de las personas, la vida privada y evitar el acoso cibernético, el diputado Jorge Blanco presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado.

Desde la tribuna del Congreso, el Diputado planteó la necesidad de elevar las sanciones a quienes divulguen sin consentimiento o autorización alguna fotografía, imagen, audio o video de contenido erótico o sexual de una persona con la que haya mantenido una relación de confianza, afectiva o sentimental, afectando su intimidad.

"Esto va más directamente al Código Penal. Muchas veces se ha dicho que es imposible controlar todo lo que se comparte en los grupos de WhatsApp, la diferencia es que no podemos llegar todavía a los terceros, simplemente estamos hablando del que origina la falta, el que con dolo y alevosía quiere hacerle daño a una persona", aseguró el legislador.

La iniciativa considera hacer énfasis en salvaguardar la dignidad de la persona, cuando sea víctima de acoso. En la exposición de motivos plantea que el 90% de los afectados por tal conducta son mujeres, de acuerdo a investigaciones de especialistas.

La iniciativa plantea que se "sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años y de ochocientos a dos mil días de multa. La pena se aumentará hasta en una mitad cuando la víctima fuese menor de dieciocho años de edad, o se trate de persona que no tiene la capacidad de comprender el hecho o no tenga la capacidad de resistirlo".

En caso de que el delito lo cometiera un servidor público y usara los medios que su cargo le proporciona, la pena se incrementaría un tercio y sería destituido del cargo.

De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado garantiza el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.

A la Comisión de Justicia y Seguridad Pública se canalizó la propuesta.