Para evitar que las mujeres estén obligadas a hacerse pruebas de embarazo para ser contratadas en un puesto de trabajo, la Diputada Karina Barrón presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

"La presente iniciativa tiene como objeto promover y erradicar que ciertas empresas exijan a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para el ingreso o para la permanencia en el empleo, así como el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley", dijo la legisladora en la tribuna del Congreso.

Consideró que dichas acciones deben ser catalogadas como violencia laboral.

Explicó que según cifras del INEGI, el segmento de las mujeres con un sueldo mensual mayor a los 10,000 pesos es sólo del 19.1% por un 80.9% en los hombres.

"Como vemos, es grande la diferencia que existe entre la vida laboral del hombre y la mujer y esto en gran parte es por la discriminación que ha sufrido la mujer a lo largo de los años", aseguró Barrón.

Es importante mencionar que el pasado 13 de abril de 2018 se aprobó el decreto mediante el cual se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante el cual se contempla el concepto de violencia laboral como las conductas referidas en el artículo 133, fracciones XIV y XV de la Ley Federal del Trabajo.

Las prácticas se refieren a la prohibición a los patrones o a sus representantes de exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, así como despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores, expuso.

"Por lo anterior, resulta indispensable armonizar nuestra legislación con las normas federales y con ello, conformar un marco jurídico que garantice que las mujeres superen las barreras que enfrentan en el ámbito laboral y lograr un pleno reconocimiento a la igualdad y la no discriminación de sus derechos laborales", enfatizó Barrón Perales.

De acuerdo con cifras del INEGI de 2017, en Nuevo León hay 4 millones 26 mil 551 personas en edad para trabajar, de las cuales el 49.4% son hombres y el 50.6% son mujeres.

Las diputadas Marlene Benvenutti, Ludivina Rodríguez, Mónica Serna, Gloria Treviño, María Auxiliadora Fuentes, Maribel Villalón e Itzel Castillo, así como los diputados Héctor García y Sergio Arellano, se suscribieron a la iniciativa, misma que fue turnada a la Comisión de Legislación para su análisis.