Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Alfredo Rodríguez Dávila.

 

Uno de los pocos temas en los que hay consenso en todos los sectores sociales de México es el de la existencia de corrupción, los patrones y la frecuencia de los abusos de poder.

Aunque el concepto de corrupción alude, como se sabe, al abuso del poder público para obtener beneficios privados, De hecho, la corrupción comprende prácticas en el sector público, tales como el nepotismo y uso de información privilegiada, en la relación entre el sector público y el privado, como lo puede ser el soborno y extorsión y en el sector privado lo es el fraude y tráfico de influencias.

La corrupción ocurre en todos los países, sin importar su sistema político o económico, sin embargo, tiende a proliferar en aquellos cuyas instituciones son débiles, esto es, crece en lugares con sistemas legales ambiguos que se aplican discrecionalmente y en los que prevalecen las relaciones clientelares sobre las reglas formales. También donde las normas culturales son incompatibles con las leyes vigentes y donde ni los gobiernos ni las empresas rinden cuentas a sus ciudadanos y accionistas.

La corrupción y el abuso de autoridad son prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual.

En fechas recientes nos pudimos percatar mediante, una denuncia ciudadana en el Municipio de Mina Nuevo León en donde señalan haber sido engañados el año pasado, un grupo de ejidatarios para vender terrenos agrarios en una operación de compraventa que benefició presuntamente a Humberto Medina Ainslie y a Alejandro y Humberto Medina de la Cruz, padre y hermanos del Gobernador Rodrigo Medina, favoreciendo a su vez al  entonces diputado del PRI Francisco Cienfuegos, mostrado documentos de la operación que se realizó en abril del 2014 a través de una persona de nombre Héctor Martínez, dueño del grupo Kalos, quien fungió como interesado en los terrenos.

Esto no es un hecho aislado, las evidencias nos indican una constante del Ejecutivo del Estado, puesto que con el desarrollo del Parque industrial en Pesquería, en donde se instalará próximamente la empresa coreana KIA, esto aunque trae beneficios a la población, lo que resulta condenable es el uso de información privilegiada para el beneficio personal de la familia Medina, en la adquisición de propiedades ejidales y de pequeños propietarios que desconocían la inversión y desarrollo proyectado para el área.

Resulta por demás evidente, que se utilizó información privilegiada, puesto que conocen de primera mano en donde se habrá de detonar un desarrollo en dicha municipalidad, ante la inminente construcción de un penal en dicha municipalidad.

Por otra parte es obligación de este Poder Legislativo, en el ámbito de su competencia, que se dé fiel observancia y cumplimiento a la Ley, en aquellos casos de abuso del ejercicio del poder, como el caso que nos ocupa, estamos hartos de la corrupción de comprarles los ejidatarios con engaños  las tierras por debajo del costo, sumamente baratas, utilizando información privilegiada, en detrimento de los más desprotegidos, a los cuales nosotros como representantes nos debemos, el abuso de poder no es más que una burla a la inteligencia de la población.

Para estos efectos es que proponemos a la creación de una Comisión Especial para investigar los abusos de poder cometidos por el Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, y su familia en contra de los ciudadanos de Mina Nuevo León.

Para dicha comisión proponemos como Presidente a Imelda Guadalupe Alejandro de la Garza del PAN, Vicepresidente Eduardo Arguijo Baldenegro del PRD, Secretario María Dolores Leal Cantú del PANAL, Vocales Rocío Isabel Santos Chapoy (PRI), Erick Godar Ureña Frausto (PRD), Francisco Luis Treviño Cabello (PAN), Carolina María Garza Guerra (PAN), Diana Elisa Tobías Hernández (PRI) y Celina del Carmen Hernández Garza (PAN).

La Comisión Especial para el caso de Mina tendrá las facultades de  convocar a organizaciones civiles y organismos no gubernamentales, ciudadanos afectados, a fin de allegarse de la información que permita llegar a la verdad de los hechos denunciados por los habitantes de Mina, así como exhortar a las diferentes dependencias y organismos para que frenen el otorgamiento de cualesquier título o registro de parcela agraria.

Además, tendrá entre otras las siguientes atribuciones, mismas que se enuncian en forma descriptiva más no limitativa:

Solicitar la información a las instancias competentes para lograr el objeto de la Comisión y revisar la actuación y deslinde de responsabilidades de los involucrados.

La propuesta de la integración de esta Comisión Especial fue remitida a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, la COCRI y se espera que a más tardar la próxima semana sea aprobada.