Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

•             Coordinador de Diputados del PAN hace llamado a Auditoría Superior del Estado y a la Procuraduría.

•             Arturo Salinas pide cumplir con la exigencia de los ciudadanos de fincar responsabilidades a ex funcionarios.

Luego de que fueron rechazadas, en el sexto período extraordinario de la actual legislatura las cuentas de las administraciones públicas que encabezaron, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exigió a la Auditoria Superior del estado la inhabilitación de Natividad González Parás, Rodrigo Medina de la Cruz y Margarita Arellanes Cervantes.

Este miércoles fue rechazada la cuenta pública de González Parás fue del 2008, de Medina de la Cruz de los años 2013 y 2014 y de Arellanes Cervantes de estos dos mismos años.

El Coordinador de Diputados Locales de Acción Nacional, Arturo Salinas Garza hizo el llamado para que se haga justicia a la exigencia de los ciudadanos de Nuevo León.

 "Hacemos un llamado a las autoridades a concluir el trabajo que hoy los diputados estamos poniéndoles en bandeja de plata, estamos haciendo el rechazo de las cuentas de Rodrigo Medina y de Margarita Arellanes,  pero este es el primer paso de rechazar las cuentas y que hoy los 42 diputados tenemos que convocar a los ciudadanos, a los organismos intermedios a que hagamos presión a la Auditoria Superior del Estado y a la Procuraduría que completen el trabajo que ya iniciamos", señaló.

 "Los ciudadanos están esperando un castigo, que haya un resarcimiento al erario público del dinero que se les desvió en su caso y esto es lo que sigue y aquí tenemos, todos unidos como uno solo, exigirle al Auditor que inicie los pliegos de responsabilidad lo antes posible y, sobre todo, que mande al Procuraduría aquellas responsabilidades de tipo penal para efecto de que se pueda deslindar cualquier responsabilidad de tipo penal  y que se apliquen delitos o sanciones muy puntuales", añadió Arturo Salinas.

Salinas Garza advirtió que los funcionarios involucrados en este desfalco a las arcas estatales no deben jamás contender por un cargo de elección popular luego de que sus administraciones fueron reprobadas por el Congreso Local y por los ciudadanos.