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MAYOR DINAMISMO A LA TRANSPARENCIA

9 de Junio 2017

JOSE-ARTURO-SALINAS-GARZA

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por. Arturo Salinas Garza.

La transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos imprescindibles de la democracia que fortalecen las instituciones y la administración pública. Recientemente en Nuevo León se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo principal fue presentar un documento legal que sirva de herramienta para que los ciudadanos tengan acceso a las diferentes instituciones de gobierno y los diversos poderes, como si fuera una ventana de cristal, para solicitarles información de diversos trámites, servicios y nóminas.

Es importante destacar y mencionar que dentro de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se han presentado una serie de discrepancias en cuanto al proceso de selección para ocupar el cargo del Presidente Comisionado, lo que repercute en el funcionamiento de la Institución, su conducción y la buena imagen frente a la Sociedad y Gobierno. No es posible que el máximo órgano en el Estado encargado de difundir trasparencia y la rendición de cuentas, funcione de manera endeble, poco transparente y con señalamientos en cuanto a su funcionamiento y operatividad.

Como toda ley es perfectible y presentan áreas de oportunidad, las que se pretenden superar a través de una nueva iniciativa, como una reforma integral a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado, particularmente, con la creación de un Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en conjunto con el Consejo Consultivo Rector Ciudadano de la Transparencia y los Consejeros formarán el pleno, también se destaca la creación de la Dirección General Administrativa, que será presidida por un candidato o candidata con las cartas credenciales probadas para llevar la administración de Instituto.

Es importante cerrar filas en el tema de la economía y austeridad, motivo por el cual se propone reducir solamente a tres Consejeros para llevar la conducción del Instituto con rotación de cada dos años para ocupar el cargo de la presidencia del Instituto, además por primera vez la ciudadanía va estar al frente en la decisión para elegir los perfiles de los Consejeros, lo que se pretende es presentar una nueva ley integral, decorosa, funcional, y con reglas claras.

Con esta nueva Ley que se presenta, se pretende contar con los mejores perfiles que encabecen el Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública, que se predique con el ejemplo, que sea una Institución congruente, sobre todo Consejeros fiables y estadistas, que de manera coordinada con la sociedad civil a través del Consejo Consultivo Rector Ciudadano de la Transparencia conduzcan el Instituto de manera eficiente, eficaz, transparente, con mano firme y una reducción considerable en cuanto al gasto de operación.

Para lograr estos fines, se necesita un marco normativo sólido, completo, vigente, sin ambigüedades, por lo que se propone el pleno del Instituto de Transparencia, por primera vez con la participación de la sociedad civil de manera activa, porque serán ellos quienes a través del Comité de Selección del Instituto de Transparencia, elaboren la convocatoria, diseño de mecanismos de evaluación y análisis de perfiles para contar con los mejores ciudadanos que representen al Instituto, y evitar lo que en el pasado ha sucedido con el procedimiento de designación.

La meta es alta, hoy se requiere de mecanismos legales que caminen de manera paralela con la sociedad, porque ésta se ha convertido en un rector honorífico que supervisa las decisiones del gobierno y los diferentes poderes, es momento de involucrar y empoderar a la ciudadanía, para darle mayor legitimidad a cada uno de los procesos de selección y de las decisiones que se tomen en beneficio de todos.

En consecuencia, consideramos que es importante realizar los cambios propuestos, para darle un nuevo dinamismo y funcionamiento al Instituto de Transparencia y Acceso al Información pública, que vendrá a configurar una nueva relación entre gobierno y sociedad, un ahorro considerable para las finanzas de la Institución, sobre todo orden, visión y dirección.

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