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Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Itzel Castillo Almanza.

En México, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, hay aproximadamente 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años, lo que representa el 25.3% de la población total del país. Además, la población total de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años se estima en 18.9 millones.

En Nuevo León, la población total en 2020 era de 5 millones 784 mil 442 habitantes. De este total, el 31.6% corresponde a niñas, niños y adolescentes (es decir, personas de 0 a 17 años), lo que equivale aproximadamente a 1 millón 828 mil 650 personas en este rango de edad.

La trata de personas es un delito que afecta gravemente a la niñez en México y que puede generar cicatrices profundas tanto en su desarrollo como en su bienestar.

La trata de niños se caracteriza por el proceso de explotación de un niño a través de las etapas de reclutamiento, transporte, traslado, alojamiento o recepción de un niño (Oficina Internacional del Trabajo, 2011). Según el derecho internacional, la trata de niños constituye un delito, así como una violación de los derechos de los niños. En particular, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 establece que los desplazamientos y los retornos ilícitos de niños están prohibidos.

La protección de todas las niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de explotación, abuso y violencia es una obligación contraída por los estados y consagrada en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el estado mexicano en 1990, y el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, ratificado por México en 2003.

Las modalidades de explotación también varían, estando las niñas, niños y adolescentes particularmente expuestos a la mendicidad, matrimonios forzosos, explotación sexual y su utilización en actividades delictivas. Específicamente se ha identificado el reclutamiento de las niñas, niños y adolescentes para funciones de "halconeo", tráfico de drogas, tráfico ilícito de migrantes, entre otros delitos. Según datos de organizaciones de la sociedad civil, entre 140 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en México estaban en riesgo de ser reclutados en 2021.

La falta de identificación de los menores representa una grave problemática, especialmente en el contexto de migración. Los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados constituyen un grupo altamente vulnerable.

En 2023, se identificó que el 6% del total de las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México no estaban acompañados, lo que equivale a 6 mil 732 de 113 mil 542 niñas, niños y adolescentes migrantes en situación irregular.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2020 a 2024 se tienen registradas 958 carpetas de investigación por trata de personas en las niñas, niños y adolescentes en México, de las cuales 740 correspondían niñas y adolescentes y 218 a niños y adolescentes.

La identidad se adquiere durante el proceso de desarrollo vital de la persona, a través de su información genética, la interacción familiar, la historia personal y el medio cultural en que se desenvuelve; integrando un conjunto de atributos inherentes a ella que la hacen única e irrepetible.

Uno de los mayores problemas en la trata de menores es la falta de documentación, lo que facilita la falsificación de identidades y dificulta la localización de víctimas.

La creación de una Tarjeta de Identificación Infantil sería fundamental para la protección de niñas y niños, especialmente en la prevención de la trata de menores. Al ser de carácter obligatorio, garantiza que cada niño tenga una identidad oficial y esté registrado en los sistemas nacionales, evitando que permanezca invisible para el Estado.

Este documento, además, podría contar con verificación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, lo que permitiría detectar casos de suplantación de identidad o documentos falsificados. Esto sería clave en aeropuertos, terminales de autobuses y estaciones de tren, donde las autoridades podrían verificar la relación entre un menor y el adulto que lo acompaña, asegurando que no se traslade ilegalmente a niños sin la debida autorización.

Asimismo, la Tarjeta de Identificación Infantil reforzaría la seguridad en las escuelas, garantizando que solo los padres o tutores legales autorizados puedan recoger al niño, reduciendo el riesgo de secuestros o extravíos. En caso de que un adulto intente viajar con un menor sin documentos, esta tarjeta de identificación serviría como prueba oficial de identidad, protegiendo así a la infancia de situaciones de riesgo y fortaleciendo los mecanismos de control para su bienestar.

La creación de una tarjeta de identificación infantil facilita el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, asegurando que cada niño tenga acceso a identidad, salud, educación y protección, además ayudaría a erradicar el subregistro de nacimientos, asegurando que todos los niños sean reconocidos oficialmente desde su nacimiento.