Autor: Grupo Legislativo PAN
Por: Miguel Lechuga.
Todos los días, miles de personas salimos de nuestros hogares con dirección al trabajo, a la escuela, a algún evento o a cumplir nuestras responsabilidades.
Lo hacemos confiados en que, en las calles, avenidas o incluso dentro de nuestros autos, estamos seguros. Pero esa confianza se está viendo cada vez más vulnerada gracias a los montachoques.
Este término no es una exageración. Es una realidad que cientos de neoleoneses han vivido, particularmente en Santa Catarina, Monterrey, Guadalupe y San Pedro. Se trata de delincuentes que trabajan de manera organizada para provocar o simular una colisión vehicular con un objetivo en común: extorsionar a la víctima mediante extorsión.
El modo de operar es claro y casi siempre es el mismo: frenan bruscamente frente a otro conductor, generar un leve golpe y descienden del vehículo para intimidar y amenazar a un conductor que solo se dirigía a su destino. Nunca quiere que le hablen al seguro o al personal de tránsito municipal. Exigen dinero en efectivo e incluso te acompañan "escoltado" al cajero automático para que la víctima pueda retirar efectivo y así cobrar.
Hace pocos días, un medio de comunicación publicó a través de diferentes canales: "Denuncian a presuntos montachoques en los límites de San Pedro y Santa Catarina". Como esta nota, cada vez vemos más y como legisladores tenemos la obligación de no normalizar estas acciones e imponer sanciones reales en contra de la extorsión en todos los sentidos de la palabra.
Por otro lado, otro medio de comunicación a través de redes sociales, también ha informado sobre esto, y es así como el pasado 05 de febrero presento a través de su página de Facebook un post, que dice: "Una mujer denuncia a presunto montachoques en Santa Catarina.". Esto refuerza el argumento de la necesidad de actuar legislativamente para prevenir, sancionar y tipificar este delito.
Hoy, el Código Penal de nuestro Estado castiga la extorsión. Pero no menciona esta nueva modalidad tan creciente en los últimos meses.
Como consecuencia puede tender a minimizarse y clasificarse como un incidente civil, sin embargo, es así como los agresores pueden seguir libres y delinquiendo.
Por ello presentamos una iniciativa de reforma que propone ponerle nombre legal a esta realidad. No se trata de inventar un delito más, sino de reconocer que un choque simulado con fines de extorsión, abusando de la víctima es un crimen.
Adicionar una fracción al Artículo 395 para proponer castigar con la cárcel a los montachoques permitirá brindar certeza jurídica y enviar un mensaje claro de que las calles son para moverse con libertad, no para ser víctimas de amenazas.
