Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E. -

El suscrito Diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores e integrantes del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional de la Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 122 Bis 1, 122 Bis 2 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las finanzas de Agua y Drenaje de Monterrey se han convertido en un auténtico asalto al bolsillo de los ciudadanos.

Acudo ante esta tribuna a presentar este punto de acuerdo para frenar cualquier intento de incrementar gradualmente las tarifas de agua y drenaje. Y lo hago porque es evidente que entre más recursos recibe esta dependencia, más incompetente y distante se vuelve de las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

Lejos de ser un modelo de eficiencia financiera, el incremento del 11% en sus ingresos no responde a una administración ejemplar, sino a una política sistemática de tarifazos que ha golpeado duramente a la población, en especial a los sectores más vulnerables. No hablamos de mejoras en el servicio, sino de una estrategia para cargar sobre las familias un costo que rebasa incluso la inflación, disfrazándolo de "eficiencia administrativa".

Desde 2022, los usuarios han padecido incrementos acumulados de hasta 70%. Esta cifra, por sí sola, es alarmante y revela un desinterés absoluto por el bienestar económico de la ciudadanía. El argumento oficial de que estos aumentos se justifican por la crisis hídrica de 2022 es insostenible: la emergencia se convirtió en pretexto para imponer cuotas excesivas, incluso a quienes consumen apenas 10 metros cúbicos o menos, añadiendo además una nueva cuota de saneamiento.

Mientras organismos como Metrorrey o el Instituto de Movilidad enfrentan déficits, AyD presume de números negros. Sin embargo, su "balance positivo" se sostiene sobre una fórmula de cobro diseñada para exprimir los recursos de la población, no para ofrecer un servicio digno. Y para colmo, se les ha autorizado endeudarse por más de 2 mil millones de pesos, sin que exista claridad ni transparencia en el uso de estos recursos.

Los datos no mienten: el aumento en los ingresos de AyD no es producto de una gestión brillante, sino del castigo económico impuesto a los usuarios. Y lo más indignante es que, a pesar de estas alzas, miles de familias siguen enfrentando cortes de agua, obras inconclusas y fugas de drenaje sanitario que tardan meses en ser reparadas.

Esta situación de Agua y Drenaje de Monterrey, bajo las riendas de Juan Ignacio Barragán, no solo exprimen el agua de nuestras presas: exprimen también el bolsillo de las familias. Por ello, exigimos una gestión eficiente, transparente y sensible a las necesidades ciudadanas, así como un alto inmediato a cualquier política que siga golpeando la economía de los contribuyentes.

Por lo antes expuesto, se propone el siguiente proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO. - La Diputación Permanente de la Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, acuerda enviar un atento y respetuoso exhorto al C. Juan Ignacio Barragán Villarreal, Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para que en uso de sus facultades y atribuciones eviten el incremento gradual en las tarifas de Agua y Drenaje a fin de dejar de golpear el bolsillo de los ciudadanos.

SEGUNDO. - La Diputación Permanente de la Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, acuerda enviar un atento y respetuoso exhorto al C. Juan Ignacio Barragán Villarreal, Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para que en uso de sus facultades y atribuciones remita a esta soberanía un informe detallado de los aumentos graduales en las tarifas de agua y drenaje aplicados desde el año 2022 y hasta la fecha, desglosando el porcentaje de incremento, la fecha de aplicación, el concepto tarifario afectado y la justificación técnica y financiera de cada uno de ellos, en un plazo de no más de 15 días hábiles.