Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E . -

El suscrito, Diputado Miguel Ángel García Lechuga e integrantes del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional de la Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 122 Bis 1, 122 Bis 2 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política del Estado de Nuevo León, en su artículo 96, fracción XXVIII, establece que corresponde al Congreso supervisar la correcta administración de los recursos públicos. Asimismo, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, en sus artículos 4, 5 y 6, faculta a la Auditoría Superior del Estado para revisar, fiscalizar y evaluar la utilización de los recursos públicos.
Complementariamente, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los artículos 16, 46 y 49,

dispone que todas las operaciones financieras y patrimoniales de los entes públicos deben registrarse de manera sistemática, difundirse de forma transparente y hacerse públicas en tiempo y forma.
En este contexto, la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, gestión a cargo de Jesús Nava, dejó al descubierto más de $533 millones de pesos en irregularidades. Por lo que la Auditoría Superior del Estado fue muy clara y emitió una opinión adversa. ¿Qué significa? Que el dinero se usó mal, que no hay comprobantes ni pruebas de cómo lo gastaron, y que la administración municipal está llena de fallas graves. Pero estas irregularidades no son simples fallas administrativas. Son pruebas claras de una administración irresponsable, sin transparencia y con un manejo del dinero del "pueblo", que raya en el saqueo, y que de ninguna manera representan una transformación positiva ni un bienestar real para ese "pueblo" al que Jesús Nava dice defender desde su último cambio de partido politico.

Entre las observaciones más relevantes destacan:
Obra Pública:
La construcción de drenaje pluvial (tramo I) del paso a desnivel elevado en Av. Díaz Ordaz y Manuel Ordóñez, por $48,949,838, presentó deficiencias en la propuesta del ganador de la licitación, al no incluir el porcentaje de cemento necesario para el mejoramiento del material de base hidráulica, incumpliendo los requisitos de las bases.
La ejecución de sistemas de riego automatizado en camellones de la Av. Luis Donaldo Colosio (tramos 4 y 5), con montos de $19,599,506 y $19,600,371, mostró inconsistencias en los análisis de precios unitarios, pues no se desglosaron los materiales esenciales para la correcta instalación, como válvulas de control, aspersores, rociadores, coples, pegamento y tierra negra.
Además, se detectó retraso en la obra del drenaje pluvial, derivado de la falta de permisos para cruzamiento subterráneo con las vías del ferrocarril, lo que generó una pena por atraso de 70 días, equivalente a $10,065,320.51.

Gestión Financiera:
Tan solo en pagos a proveedores, como son empresas de mercadotecnia, comunicación, consultoría, estudios médicos, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, hay más de $70 millones de pesos perdidos. Contratos inflados, empresas que nadie conoce, facturas sin respaldo y servicios que nunca se vieron. Es decir: dinero público tirado a la basura, o peor, directo a bolsillos privados.
Entre las deficiencias más graves se encuentran:
Falta de descripción pormenorizada de los bienes y servicios adquiridos, lo que impide confirmar el cumplimiento de los contratos.
Ausencia de documentación de respaldo, incluyendo autorizaciones presupuestales, órdenes de pago, comprobantes fiscales y bitácoras de trabajo.
Adjudicaciones directas o fraccionamiento indebido de contratos, cuando debieron realizarse mediante licitación pública, limitando la concurrencia y transparencia.
Contratos con proveedores que no pudieron ser localizados en su domicilio fiscal, o sin evidencia de entrega de bienes y servicios.
Y no lo digo solo yo. Ante estas graves irregularidades, el Congreso del Estado ya rechazó oficialmente la Cuenta Pública 2022 de Jesús Nava. No se aprobó su manejo porque está lleno de anomalías, porque no hay transparencia y porque esos más de $500 millones de la gente de Santa Catarina se esfumaron sin que nadie pudiera explicar a dónde fueron a parar.
En ese contexto, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León es el órgano técnico encargado de fiscalizar los recursos públicos estatales y municipales. Entre sus funciones se encuentra la detección de irregularidades, la determinación de responsabilidades administrativas y, en los casos en que existan indicios de delito, la posibilidad de promover denuncias penales ante las autoridades competentes.
El marco legal que sustenta estas facultades es claro. La Constitución Política del Estado establece que la Auditoría tiene la responsabilidad de supervisar y emitir informes sobre la correcta aplicación de los recursos públicos. Por su parte, la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en sus artículos 19, 20, 39, 48, 51, 54, 82 y 88, establece no sólo la facultad de revisar cuentas públicas, sino también de fincar responsabilidades penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción cuando se detecten posibles delitos, desvío de recursos, afectación al patrimonio público o incumplimientos graves en la gestión financiera.

Hoy estoy aquí, siendo la voz del municipio que represento y dejando muy en claro que la corrupción evidenciada no debe quedar sin castigo. Porque no es solo dinero perdido, es desigualdad, es descuido, es la gente de Santa Catarina pagando cada vez más impuestos mientras el alcalde se dedica a despilfarrar todo lo recaudado, en lugar de mejorar las condiciones y servicios de un municipio que hoy parece estar en completo abandono. Aquí no hay de otra: la corrupción se paga y en este caso debe aplicarse todo el peso de la ley.
Por lo antes expuesto, se propone el siguiente proyecto de:

ACUERDO

UNICO.  La Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León acuerda enviar un atento y respetuoso exhorto al C. Alejandro Reynoso Gil, Auditor General de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, para que informe a esta Soberanía, en el término de tres días hábiles, si existe alguna denuncia presentada o en trámite, ante las autoridades competentes respecto de las observaciones no solventadas de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, y, en caso de no existir denuncia alguna, a la brevedad sean presentadas las denuncias respectivas, priorizando y enfatizando puntualmente, en los casos donde existan indicios de responsabilidad penal, con el fin de salvaguardar el patrimonio público y garantizar la legalidad en la gestión de los recursos municipales.

A T E N T A M E N T E.-

MONTERREY, NUEVO LEÓN A FECHA DE SU PRESENTACIÓN

Miguel Ángel García Lechuga
Diputado Local