Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Ignacio Castellanos Amaya.

Los programas sociales constituyen un conjunto de acciones, estrategias y apoyos impulsados por el Estado y/o Federación con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de los sectores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Estos programas abarcan una variedad de intervenciones, que van desde transferencias monetarias directas, acceso a servicios básicos de salud, educación y vivienda, hasta proyectos productivos, capacitación laboral o apoyos alimentarios.

Su finalidad debe ser contribuir a la reducción de la pobreza, cerrar brechas de desigualdad y asegurar que todas las personas puedan ejercer su derecho al bienestar.

Es por lo que no deben estar sometidos a intereses partidistas ni condicionados de ninguna forma. Son un derecho fundamental, creado para que todas las personas puedan acceder a ellos y beneficiarse sin discriminación ni presiones políticas. No obstante, este derecho ha sido vulnerado por prácticas como el condicionamiento del voto.

Frente a ello, se vuelve urgente establecer límites claros en la entrega de estos apoyos, evitando que se utilicen para el proselitismo o el clientelismo. Solo así podremos asegurar transparencia, equidad y absoluta neutralidad en el manejo de los recursos públicos.

La compra, coacción y movilización del voto, así como el condicionamiento de programas sociales, no solo constituyen prácticas ilegales, sino que representan una amenaza directa a la democracia. A pesar de que la legislación electoral las prohíbe explícitamente, continúan manifestándose.

Grupos de interés o actores políticos se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad económica y social de la población, ofreciendo apoyos a cambio del sufragio o la lealtad política. Esta dinámica se traduce en intimidación, presión y manipulación electoral, lo que afecta gravemente la libertad del ciudadano para ejercer un voto informado e independiente.

Aún más preocupante es el riesgo de que los recursos públicos destinados a programas sociales se utilicen de manera selectiva o discrecional para beneficiar a simpatizantes del gobierno en turno, excluyendo o castigando a quienes no expresan apoyo político. Esta práctica influye de manera directa los principios de imparcialidad, equidad y legalidad que deben regir la administración pública.

Además, distorsiona la competencia democrática, pues otorga una ventaja indebida a ciertos actores políticos mediante el uso de recursos que pertenecen a toda la ciudadanía.

Cuando los ciudadanos perciben que su acceso a programas esenciales depende de su afinidad con un partido o candidato, se genera un fenómeno de dependencia política, debilitando su autonomía y libertad de decisión.

Esto no solo afecta el ámbito electoral, sino que perpetúa relaciones de subordinación y desigualdad, porque convierte un derecho en un instrumento de control político.