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Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Claudia Caballero Chávez.

Toda persona tiene derecho a recibir una atención médica digna, oportuna y de calidad, siendo obligación del Estado garantizar el ejercicio efectivo de este derecho sin distinción alguna. No obstante, en el Estado de Nuevo León, las deficiencias persistentes en la prestación de servicios por parte de las instituciones públicas de salud han orillado a un número creciente de personas a recurrir a hospitales y clínicas del sector privado para satisfacer sus necesidades de atención médica.

Durante los últimos diez años, en el Estado de Nuevo León se ha registrado un incremento del 31 % en las consultas médicas otorgadas por establecimientos privados, posicionándose en 2022 como una de las entidades con mayor número de consultas privadas a nivel nacional, solo por detrás de la Ciudad de México y el Estado de México. Este crecimiento se explica, en gran medida, por la alta demanda de atención médica especializada, así como por la saturación, limitaciones de capacidad y deficiencias estructurales que enfrentan los hospitales públicos, situación que ha obligado a las familias a recurrir cada vez con mayor frecuencia a los servicios de salud privados para atender sus necesidades médicas.

Sin embargo, con el paso de los años se ha observado un incremento considerable en los costos de los servicios médicos ofrecidos por los hospitales privados, lo que representa una carga económica significativa para los pacientes y sus familias. En muchos casos, las personas acuden a recibir atención médica sin contar con información previa, clara y suficiente sobre los costos que implican los servicios que se les brindarán, lo que deriva en situaciones de incertidumbre, endeudamiento y afectación al derecho a una atención médica digna y accesible.

La falta de transparencia en los costos de los servicios hospitalarios vulnera de manera directa el derecho a la salud y limita el acceso equitativo a la atención médica, convirtiéndola, en los hechos, en un privilegio reservado para quienes cuentan con un seguro médico o con los recursos económicos suficientes para solventar dichos servicios.

La AMIS, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, ha documentado que los hospitales privados se encuentran frecuentemente inflando costos, cobrando por materiales médicos no utilizados o realizando estudios innecesarios a pacientes asegurados, lo que repercute directamente en el monto de los servicios que al final las aseguradoras deben cubrir. En 2025 se dio a conocer, la inflación hospitalaria en México se ubica entre el 14.5% y 14.9% anual, es decir, más de once puntos por encima de la inflación general, que se situó en 3.7% en septiembre del mismo año.

Recientemente, diversos reportes periodísticos y declaraciones oficiales de la propia AMIS han documentado que los hospitales privados frecuentemente inflan costos, cobran por materiales médicos no utilizados o realizan estudios innecesarios a pacientes asegurados, lo que repercute directamente en el monto de los siniestros que las aseguradoras deben cubrir. El organismo asegurador AMIS ha identificado que "falsos gestores" operan en hospitales privados, lo que encarece hasta en 20 - 30% los costos de atención médica pagados por las aseguradoras.

Los prestadores de servicios de salud tienen la obligación de informar de manera clara, veraz y oportuna los precios de los servicios que ofrecen, conforme a los principios de protección al consumidor y a las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Por lo anterior, resulta indispensable que las autoridades competentes fortalezcan las acciones de regulación y supervisión en materia de transparencia de los precios de los servicios ofrecidos por los hospitales privados, a fin de garantizar el conocimiento oportuno de los costos, así como la protección y el respeto de los derechos de las personas usuarias en su calidad de consumidoras de servicios de salud.