Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

La suscrita, Diputada Myrna Isela Grimaldo Iracheta e integrantes del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional de la Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 122 Bis 1, 122 Bis 2 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
El acceso al agua potable no es un privilegio ni una concesión administrativa: es un derecho humano.
En ese contexto, resulta indispensable analizar con responsabilidad y transparencia cualquier medida fiscal o administrativa que incida directa o indirectamente en la sostenibilidad financiera del sistema hídrico estatal y, en consecuencia, en la economía de las familias nuevoleonesas.
El 23 de diciembre de 2021 fueron incorporadas a la Ley de Hacienda del Estado las disposiciones relativas a los denominados Impuestos Ecológicos, entre ellos el Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua, previsto en los artículos 130 al 135.
No se cuestiona la existencia del impuesto ni su finalidad ambiental; lo que se exige es claridad y resultados.

Información difundida en medios de comunicación de circulación estatal dio cuenta de que durante el ejercicio fiscal 2025 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., habría cubierto aproximadamente $1,300,000,000.00 (mil trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto del Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua, lo que representaría un incremento cercano al 30 % respecto del ejercicio anterior.
Por lo que de confirmarse dichas cifras, el monto erogado en 2025 constituye el más alto desde la entrada en vigor del impuesto.
Sin embargo, los vecinos siguen enfrentando incrementos sostenidos en las tarifas, sin que ello se traduzca en una mejora proporcional en la calidad y continuidad del servicio.
De acuerdo con información oficial, la tarifa promedio general registró un incremento del 8.1 % entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, derivado de ajustes tarifarios orientados, supuestamente, a cubrir costos de energía, servicios personales y mantenimiento de infraestructura.
Esto implica que las familias neoleonesas han absorbido aumentos reales en sus recibos de agua. Tomando en cuenta que el 44 % del agua potable se pierde por fugas y deficiencias en la red, alcanzando un máximo histórico derivado de la falta de atención de la dependencia de Agua y Drenaje.

Todavía, durante el año pasado se registraron múltiples interrupciones en el suministro, llegando a suspender el servicio en 24 colonias de Monterrey por trabajos de "mantenimiento". Aunado a los episodios de turbiedad del agua, lo que genera en la ciudadanía una desconfianza absoluta sobre la calidad del servicio.
El 26 y 27 de febrero de 2026, Agua y Drenaje de Monterrey suspendió el suministro en colonias de Apodaca, San Nicolás, Guadalupe y Monterrey. Días antes, el 9 de febrero, se reportaron cortes en San Pedro y Guadalupe-
La evidencia es clara:
Las familias pagan más.
El organismo paga más.
Pero el agua se pierde y las condiciones siguen empeorando.
Algo no está funcionando.
Si el organismo obtiene la mayor parte de sus ingresos de las tarifas pagadas por los ciudadanos y, posteriormente, una porción significativa de dichos ingresos es trasladada al propio Estado por concepto de este impuesto, sin claridad suficiente sobre el destino específico de los recursos recaudados, podría configurarse un esquema de flujo circular de recursos públicos que impacte indirectamente a los mismos usuarios. Este posible mecanismo, que en la percepción ciudadana puede interpretarse como una forma de triangulación financiera, amerita ser aclarado con absoluta transparencia.

Por ello, resulta fundamental asegurar que los recursos recaudados por concepto del famoso "Impuesto Verde" se destinen efectivamente a programas y acciones ambientales, bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, transparencia y rendición de cuentas.
En virtud de lo anterior, se considera procedente solicitar información detallada al Ejecutivo del Estado respecto de:
La determinación técnica del gravamen aplicado al organismo;y
El destino específico de los recursos recaudados por este concepto.
El agua no puede convertirse en una caja recaudatoria mientras persisten fugas y deficiencias estructurales.
Y por lo anteriormente expuesto, es que se propone el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. La Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León acuerda realizar un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para que informen a esta Soberanía los criterios técnicos y la metodología utilizada para determinar el monto correspondiente al Impuesto por la Emisión de Contaminantes aplicable a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., así como las razones técnicas que explicarían el incremento cercano al 30 % reportado para el ejercicio fiscal 2025.
SEGUNDO. La Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León acuerda realizar un atento y respetuoso exhorto a las autoridades señaladas en el punto anterior, a fin de que remitan a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre el destino específico de los recursos recaudados durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025 por concepto del Impuesto por la Emisión de Contaminantes y, en su caso, de los demás impuestos ecológicos previstos en la Ley de Hacienda del Estado, indicando los programas, proyectos, los montos asignados a cada uno de ellos y los resultados obtenidos, con el objeto de garantizar la transparencia y congruencia con la finalidad ambiental del gravamen.

MONTERREY, NUEVO LEÓN., A FECHA DE SU PRESENTACIÓN.

A T E N T A M E N T E

DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO IR