Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-
La suscrita, Diputada Myrna Isela Grimaldo Iracheta e integrantes del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional de la Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 122 Bis 1, 122 Bis 2 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El transporte público en Nuevo León se ha convertido en un riesgo. Miles de personas lo usan todos los días para ir a trabajar, a la escuela o regresar a su casa, pero lo hacen con miedo: miedo de no saber si los van a asaltar, si alguien se va a subir con malas intenciones o si van a llegar tranquilos a su destino.
Y esto pasa porque no hay la vigilancia suficiente, porque no existen herramientas que realmente protejan a la gente y porque los delincuentes saben que pueden actuar con impunidad. El resultado es claro: la ciudadanía ya no se siente segura ni siquiera en algo tan básico como subirse al transporte público.

En el primer trimestre de 2026, las autoridades estatales reconocieron un incremento de hasta 280 % en los robos dentro del transporte público, una cifra que prácticamente cuadruplica lo registrado en el mismo periodo de 2025.
Es decir, el problema no sólo existe, está creciendo de manera alarmante.
El propio Secretario de Seguridad ha admitido que, además de fallas en el registro de denuncias, hay un aumento real en la incidencia delictiva, especialmente en ciertas zonas y horarios que ya han sido identificados como focos rojos.
Y aunque se han anunciado operativos, la realidad es que los números siguen subiendo. Ahí están los datos: 16 casos en 2022, 23 en 2023, 26 en 2024, 13 en 2025... y tan sólo en el primer bimestre de 2026 ya se contabilizan 44 denuncias.
En 2020, este Congreso cumplió. Hizo su parte y fortaleció la ley para garantizar la seguridad en el transporte público, estableciendo con toda claridad la obligación de incorporar herramientas tecnológicas como cámaras, botones de pánico y sistemas de geolocalización.

Hoy, el problema no es la falta de ley, es la falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo del Estado. El artículo 78 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad de Nuevo León no deja lugar a dudas: las unidades deben contar con sistemas de monitoreo desde el Centro de Gestión de Movilidad, con videovigilancia y con mecanismos de auxilio conectados a la autoridad.
La ley es clara. La obligación existe. La responsabilidad también.
Y aun así, no se está cumpliendo.
Hay que decirlo como es: cuando la ley existe y no se cumple, no es un tema técnico, es un tema de voluntad. Es una ¡OMISIÓN! del Ejecutivo.
Pero además, hay algo todavía más delicado. Esta obligación no surgió de la nada. Surgió de este Congreso. Surgió del Poder Legislativo, que está al mismo nivel que el Poder Ejecutivo dentro de nuestro sistema constitucional.
Entonces, ¿cómo es posible que una reforma aprobada por este Poder no esté siendo acatada?
¿Cómo es posible que una obligación legal clara simplemente no se esté cumpliendo?

Eso no sólo es una falta administrativa.
Es una falta de respeto al trabajo legislativo y, sobre todo, a la ciudadanía que hoy sigue pagando las consecuencias.
Sin embargo, la realidad es que estas medidas no se han implementado de manera suficiente ni generalizada.
Es decir, no estamos frente a un problema desconocido, estamos frente a un problema que se dejó crecer.
Este problema no es sólo de seguridad, es de derechos.
A nivel nacional, la Constitución es clara:
todas las personas tienen derecho a transitar libremente por el país, y el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que ese derecho se ejerza.
Estamos a nada de recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026... vamos a tener los ojos del mundo encima... y ni siquiera podemos garantizar que la gente se suba a un camión sin miedo.
¿Cómo vamos a hablar de estar listos para un evento internacional, si hoy los ciudadanos tienen que ir viendo quién se sube al transporte porque no saben si los van a asaltar?
No es exageración. Es lo que está pasando todos los días.
Porque aquí no se trata de estadios ni de eventos... se trata de lo más básico: que la gente pueda moverse segura.

Y hoy, lamentablemente, eso no está pasando.
Es por lo anteriormente expuesto que, se propone el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La Septuagésima Séptima Legislatura acuerda enviar un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que, en coordinación con las corporaciones de seguridad de los municipios metropolitanos, refuerce de manera inmediata la vigilancia en el transporte público, con especial atención en las rutas y horarios de mayor incidencia delictiva, a fin de prevenir robos y asaltos contra los usuarios.
SEGUNDO.- La Septuagésima Séptima Legislatura acuerda enviar un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que, en el ámbito de sus competencias y en un plazo no mayor a quince días hábiles, remita a esta Soberanía un informe detallado que contenga el diagnóstico de rutas con mayor incidencia delictiva, el número de denuncias registradas, las acciones implementadas y los resultados obtenidos, así como un plan de intervención para el resto del año.

TERCERO.- La Septuagésima Séptima Legislatura acuerda enviar un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana para que, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las autoridades correspondientes, remita a esta Soberanía un informe detallado respecto de las acciones implementadas para fortalecer la seguridad en el transporte público, incluyendo las medidas tecnológicas, de supervisión y control de las unidades.
CUARTO.- La Septuagésima Séptima Legislatura acuerda enviar un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que, en el ámbito de sus competencias y en un plazo no mayor a quince días hábiles, remita a esta Soberanía información relativa al número de denuncias por robos cometidos en el transporte público, las investigaciones iniciadas y el estado que guardan las mismas.

MONTERREY, NUEVO LEÓN., A FECHA DE SU PRESENTACIÓN.

A T E N T A M E N T E

DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA