Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E. -

La suscrita Diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez y los integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Septuagésima Séptima
Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones
conferidas en los artículos 122 Bis 1, 122 Bis 2 y 123 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos ante esta
Soberanía a presentar el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En días recientes, nuestro flamante gobernador hizo público un esquema que, bajo
el argumento de promover aportaciones de la iniciativa privada para financiar
proyectos públicos, plantea otorgar beneficios y un trato preferencial a las empresas
participantes. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿desde cuándo el
cumplimiento de la ley y la protección frente a posibles abusos de la autoridad se
convirtieron en un beneficio que puede obtenerse a cambio de una aportación
económica?

El Gobernador del partido de los moches, perdón, de MC, me confundo porque no
es la primera vez que en ese partido piden moche y lo intentan disfrazar, ha
anunciado formalmente que aquellas empresas que aporten cientos de millones de
pesos al Estado recibirán un "certificado o llave o trato preferencial". ¿Y en qué
consiste este trato preferencial? en una garantía explícita de que no serán
molestados, inspeccionados, auditados, ni clausurados por ninguna dependencia
estatal: ni por el SAT estatal, ni por Medio Ambiente, ni por inspecciones laborales,
ni por Fuerza Civil, anunció el Gobernador.

El programa "Cero Clausuras", presentado por el Gobernador Samuel García junto
con la Secretaría de Economía, plantea mantener un esquema vinculado a las
aportaciones empresariales que, a través de "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", habría
permitido reunir más de 350 millones de pesos para proyectos de infraestructura y
de imagen urbana. Ahora, el Ejecutivo pretende mantener este modelo y alcanzar
una recaudación de 500 millones de pesos, mientras ofrece a las empresas
participantes determinados beneficios frente a los procesos de inspección y
clausura.

Pero lo más alarmante no es solo el mecanismo, sino el mensaje que este envía a
quienes todos los días cumplen con sus obligaciones: que existe un camino para
obtener un trato preferencial frente a la autoridad mediante una aportación
económica.

Y esto resulta todavía más grave cuando el propio Gobernador ha reconocido
públicamente que existen dependencias e inspectores que -cito textualmente-
"normalmente ponen gorro" y que se han presentado actos de extorsión contra
negocios. Si el problema son los funcionarios que abusan de sus atribuciones, la
respuesta de un Gobierno responsable debería ser investigarlos, sancionarlos y
corregir las fallas institucionales, no crear mecanismos que puedan interpretarse
como una forma de comprar protección frente a esas mismas autoridades.
¿Desde cuándo la protección frente a la autoridad dejó de ser un derecho y se
convirtió en un beneficio que se compra?

Por ello, resulta indispensable que el Poder Ejecutivo explique con absoluta
transparencia cuánto dinero recibió, quiénes aportaron, cuánto aportó cada
empresa, en qué se utilizó cada peso y bajo qué reglas se pretende operar "Cero
Clausuras", ojalá que lo haga y no quiera ocultarse la información como con el Fan
Fest. La ciudadanía y el sector empresarial tienen derecho a conocer si existe

alguna relación entre las aportaciones realizadas y los beneficios que ahora se
pretenden otorgar.

No podemos permitir que una obligación del Estado se transforme en un privilegio
para quien puede pagar. Si existen empresas que incumplen la ley, deben ser
sancionadas conforme a la norma; y si existen funcionarios que extorsionan, deben
ser investigados y castigados. Lo que no puede convertirse en la solución es pedirle
dinero a las empresas para garantizarles que la autoridad no las moleste.

Nuevo León no necesita un Gobierno que haga parecer que la protección tiene
precio. Necesita un Gobierno que haga cumplir la ley, que combata la corrupción,
que proteja a las pequeñas y medianas empresas frente a cualquier abuso de
autoridad y que garantice que, ante la ley, todos sean tratados por igual, aporten o
no aporten dinero al Gobierno del Estado.

Es por ello que solicito sea votado en este momento el siguiente punto de:

ACUERDO.

ÚNICO. La Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de
Nuevo León acuerda realizar un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del
Estado de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro Garcia Sepulveda para que en uso
de sus atribuciones informe a esta Soberanía, de manera detallada sobre la
operación y administración, de lo siguiente:

I. Respecto del programa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", informe sobre la
operación, administración y destino de los recursos aportados por la iniciativa
privada, señalando el monto total recaudado, las empresas participantes y
sus respectivas aportaciones, así como los proyectos, obras y acciones en
los que fueron ejercidos dichos recursos;

II. Respecto del programa "Cero Clausuras", informe los criterios,
mecanismos, beneficios, compromisos y reglas de operación bajo los cuales

se implementa dicho programa, así como los requisitos y condiciones que
deberán cumplir las empresas para acceder a sus beneficios;

III. Informe el origen, procedencia y naturaleza jurídica de los recursos
aportados, los mecanismos de control y fiscalización implementados para
acreditar su legalidad y destino, asimismo, un desglose de las aportaciones
realizadas señalando las cantidades que se solicitarán a las empresas
participantes y los criterios utilizados para determinar dichos montos y los
beneficios vinculados a estas aportaciones en ambos programas; e

IV. Informe cuales son los mecanismos de transparencia, fiscalización y
rendición de cuentas previstos, para garantizar que las aportaciones y
recursos involucrados en ambos programas sean administrados y destinados
conforme a la normatividad aplicable.

A T E N T A M E N T E.-

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A FECHA DE SU PRESENTACIÓN.

CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVEZ
Diputada Local