Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Itzel Castillo Almanza

Las organizaciones de la sociedad civil realizan diariamente una labor que, en muchos casos, el propio Gobierno no alcanza a cubrir. Son ellas quienes sostienen refugios, centros de atención, comedores, programas de rehabilitación, apoyo psicológico, asistencia a personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, llegando a donde muchas veces las instituciones públicas no llegan.

Recientemente, la Secretaría de Igualdad e Inclusión notificó a diversas organizaciones de la sociedad civil un oficio mediante el cual se les requiere presentar documentación en un plazo de quince días hábiles, a pesar de que las propias organizaciones, ya había realizado la carga de la información en la plataforma digital habilitada para tal efecto.

Este hecho refleja una preocupante falta de coordinación administrativa y pone en evidencia posibles deficiencias en los mecanismos de control interno de la Secretaría. En lugar de agilizar los procesos y verificar la información ya disponible en sus sistemas, se optó por trasladar nuevamente la carga administrativa a las organizaciones, obligándolas a repetir trámites que ya habían sido cumplidos.

Resulta especialmente preocupante que esta situación se presente tras los cambios registrados en la conducción de la Secretaría, pues lejos de observarse una transición ordenada y con continuidad institucional, las organizaciones enfrentan procesos administrativos desarticulados, requerimientos duplicados e incertidumbre respecto al seguimiento de sus expedientes. Ningún cambio en la titularidad o en la estructura administrativa puede justificar la pérdida de información, la desorganización institucional o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones de la dependencia.

A esta situación se suma un problema de mayor relevancia: el retraso en la entrega de recursos públicos comprometidos. De acuerdo con la información proporcionada por las organizaciones afectadas, existe un adeudo superior a 317.5 millones de pesos correspondiente a los ejercicios fiscales 2025 y 2026, situación que compromete su capacidad financiera y pone en riesgo la continuidad de programas y servicios dirigidos a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, personas en situación de pobreza y otros grupos prioritarios.

Las propias organizaciones fueron claras al señalar que están previstas por la ley para fortalecer la participación corresponsable de la sociedad civil en la atención de los principales retos públicos del Estado. Sin embargo, lejos de reconocer esa labor, el Gobierno ha optado por retrasar injustificadamente la ministración de recursos, poniendo en riesgo la continuidad de programas que benefician diariamente a miles de personas.

La falta de pago no representa únicamente un incumplimiento administrativo; constituye una omisión que termina afectando directamente a miles de nuevoleoneses que dependen de estos programas para recibir alimentación, atención médica, terapias, medicamentos, asesoría jurídica, acompañamiento especializado, refugio y múltiples servicios esenciales. Cada peso retenido por el Gobierno significa menos atención para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Desde el Congreso del Estado es indispensable exigir transparencia y rendición de cuentas sobre el destino y la ministración de estos recursos. Gobernar también implica respetar las decisiones presupuestales aprobadas por el Poder Legislativo y garantizar que el presupuesto llegue oportunamente a quienes lo ejercen en beneficio de la ciudadanía. Cuando el Gobierno incumple con esta responsabilidad, no perjudica únicamente a las organizaciones civiles; abandona a miles de familias de Nuevo León que encuentran en ellas el apoyo que muchas veces las instituciones públicas no les brindan.