El análisis de las leyes que deberán ser reformadas tras la aprobación de la Constitución Política en materia de seguridad pública inició hoy con los Diputados del Congreso del Estado y expertos de Universidades y organismos intermedios.

Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que encabeza José Manuel Guajardo Canales, sostuvieron una reunión con especialistas en la materia para analizar el marco jurídico de las reformas en materia penal.

La reinserción social en lugar de readpatación social y privilegiar la libertad durante el proceso legal, son, entre otros, algunos de los temas importantes a abordar.

"Nos reunimos para revisar qué leyes hay que reformar en cuanto se publique la reforma constitucional en materia de seguridad y justica penal y el segundo asunto fue en un plazo hay que hacer las reformas hay tres tiempos, la de cumplimiento inmediato que se tiene que hacer en cuanto se publique la reforma constitucional la de plazo medio que van más o menos de seis meses a un año y las de urgencia `más baja` en un periodo de tres años", señaló el Diputado Javier Ponce.

A la reunión asistieron, los legisladores José Manuel Guajardo, Gilberto Treviño, Fernando Kuri y Cesáreo Gutiérrez, además de Gonzalo Reyes, del Centro de Estudios Juicios Orales del Tecnológico de Monterrey; Carlos Jáuregi, del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, y Agustín Sauceda y Martin Carlos Sanchez, de la agrupación Renace.

El pasado 6 de marzo por el Senado de la República aprobó la minuta que reforma disposiciones de la Constitución en materia de seguridad pública que avala la protección a las víctimas, la implementación de juicios orales y permitirá un combate más eficaz al crimen organizado.

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Posteriormente, el 23 de abril el Congreso del Estado hizo lo propio en avalar esta minuta, que hasta la fecha 21 congresos la han aprobado, por lo que sólo falta que el Ejecutivo Federal la publique en el Periódico Oficial.

"En lo personal se busca privilegiar la libertad durante el proceso, sería la regla, y la excepción es la prisión preventiva durante el proceso y el debate en los casos concretos si es necesario si el acusado se quede internado mientras esté el proceso por su peligrosidad o alguna consecuencia.

"Otro tema es la reinserción social, sustituyendo al concepto de readaptación social, en este momento un acusado se sanciona y se le impone una pena y cuando se acaba de cumplir esa pena de los años que le hayan dado simplemente se les libera, aquí la intención es que la autoridad esté pendiente después de la liberación que logre reintegrarse a la sociedad", explicó, Ponce.

El diputado José Manuel Guajardo destacó que se tiene que asimilar la importancia de la reforma lector porque no adecuar las leyes locales en los tiempos establecidos se corren riesgos en cuanto amparos.