Gobierno del Estado de Nuevo León

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Foto: H. Congreso del Estado de Nuevo León
APRUEBAN DIPUTADOS LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA; ELEGIRÁ CONGRESO INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO
17 de Septiembre 2008

APRUEBAN DIPUTADOS LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA; ELEGIRÁ CONGRESO INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO

Monterrey, 17 de Septiembre 2008


El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley de Seguridad Pública del Estado en el que se establece la Policía Metropolitana que abarcará los 11 municipios y la conformación del Consejo Ciudadano que será elegido por el Poder Legislativo y ya no por el Gobernador en turno.

Durante la sesión ordinaria ante el Pleno, los Diputados avalaron la Ley con 35 votos a favor e incluye que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública será designado por medio de una convocatoria que será emitida en un plazo de 30 días por parte del Congreso del Estado.

Los requisitos para poder ser uno de los 20 integrantes de este consejo son el de tener los conocimientos sobre seguridad, que no hayan desempeñar ningún cargo de público en los últimos cuatro años y no pertenezcan a ningún partido político, dijo el Diputado

Fernando Kuri, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Además en la Ley se aprobó la creación del Instituto Estatal de Seguridad Pública que evaluará y medirá el desempeño de los cuerpos policiacos por medio de estadísticas y cifras.

Con la Policía Metropolitana se busca la coordinación entre los 11 municipios del área metropolitana en sus acciones y programas y homologar sus salarios para los policías.

El Diputado Félix Coronado, vicepresidente de la comisión, señaló que el Poderes Legislativos y Ejecutivo y los organismos intermedios llegaron a un consenso sobre una iniciativa positiva que reforzará la seguridad en el Estado.

En la ley recién aprobada, se eliminó el Artículo 170 donde había la posibilidad de concesionar a particulares la instalación de los centros penitenciarios, ya que dijo el Diputado Kuri, la seguridad no se debe privatizar.

Además se agregó el Artículo 182 sobre una responsabilidad penal y castigo con pena privativa de la libertad de 2 a 7 años y 25 hasta 800 cuotas al servidor público que permite, tolere o propicie la participación de reos en cualquier clase de comercio entre internos, celadores y personal dentro de los penales donde al prestar el servicio se obtenga beneficios de cualquier índole.

La aprobación hecha por la Septuagésima Primera legislatura ya había sido avalada el pasado 5 de septiembre por los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

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