La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado logró avances trascendentales en la mesa de análisis de un paquete de iniciativas de reforma al Código Penal y a la Ley de Seguridad Pública del Estado.

El diputado César Garza Villarreal, presidente de la mencionada comisión, adelantó que la próxima semana podría definirse la iniciativa para reformar el artículo 176 del Código Penal del Estado, relativo a duplicar la pena al delito de delincuencia organizada cuando sea cometido por servidores públicos que pertenecen a las corporaciones policíacas.

Explicó que actualmente la pena es de 6 a 15 años de prisión, pero la propuesta buscará que se eleve de 12 a 30 años.

Los integrantes de la Comisión y los representantes de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia también abordaron la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública, en lo referente los trabajadores de los Centros de Readaptación Social.

"Se propone que estén obligados a cumplir con las reglas de control de confianza y desempeño, tal como ahora se aplica al resto de quienes pertenecen al sistema de seguridad pública", explicó Garza Villarreal.

En otro asunto, los diputados avanzaron en iniciativas que tiende a agravar los delitos sexuales contemplados en el Código Penal del Estado, particularmente el estupro, atentados al pudor, violación y hostigamiento sexual cuando estos delitos se cometan contra menores de edad o personas privadas de su voluntad por alguna deficiencia física o mental.

Adelantaron que se hará énfasis en el caso del hostigamiento y la violación cuando haya una relación de subordinación del menor por cuestión religiosa o de parentesco. Asimismo, la Comisión de Seguridad y Justicia contempla modificaciones al artículo 539 del Código Penal para cambiar las reglas en la expedición de cartas de no antecedentes penales.

"Para que a todos aquellos reos que tengan el beneficio de pre liberación, que hayan tenido un buen comportamiento en el centro penitenciario y que, previa valoración del comisario del centro penitenciario, se les pueda otorgar este documento y se logre la inserción plena de la persona al trabajo", señaló Garza Villarreal.

Aclaró que estarían fuera de este beneficio los reos acusados de delitos de trata de personas o de carácter sexual.