El Congreso del Estado se declaró listo para cumplir con el compromiso de concretar, en los próximos dos años, las reformas legales que deriven en un nuevo sistema de justicia, en el que se agilizarán procesos y se privilegiará el concepto de la reinserción social, además de garantizar los derechos de víctimas y acusados, en concordancia con el mandato constitucional.

Lo anterior, al concluir la serie de conferencias magistrales para que secretarios técnicos y asesores jurídicos del propio Congreso conocieran a detalle los alcances y retos en esta materia, que fijará una nueva forma de impartir justicia, con impulso a la oralidad y procedimientos más expeditos.

"Estamos comprometidos con este reto para que sea todo un éxito, con miras a mejorar nuestro sistema de justicia y se traduzca en beneficio de la sociedad", dijo el diputado César Garza Villarreal, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

En esta ocasión, el coordinador de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal del estado, Héctor Zertuche García, ofreció una plática en la que planteó que México y Nuevo León se enfrentan a una de las reformas más trascendentales de la historia reciente.

"Se trata de una reforma estructural, cambia una forma de ser, cambia el perfil de cómo se impartía justicia en nuestro estado e implanta o establece un nuevo sistema de justicia penal, estamos en presencia de las reforma de más grande magnitud, la más amplia a nuestro texto constitucional", apuntó el abogado.

Zertuche García, quien tiene la misión de coordinar los esfuerzos de los tres Poderes del Estado para definir y concretar las reformas, señaló que el compromiso de Nuevo León es sacar adelante el proyecto durante los próximos dos años, a fin de que en el 2012 ya cuente con leyes, códigos y procedimientos actualizados.

Aclaró que la reforma constitucional federal del 2008, que marcó la pauta para implantar un nuevo sistema penal en todo el país, fijó hasta el 2016 el plazo de transición, pero, por la trascendencia que tiene, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se pusieron en reto de cumplir para el 2012.

"Nuevo León ya tiene algunos avances, falta un tramo por andar y nos toca depurarlo. Yo creo que tenemos un tiempo prudente, contando este año y el que viene, y aunque lo tengamos para el 2012 de forma inacabada o imperfecta", explicó Zertuche García.

En ese caso "estaríamos todavía en los cuatro años de la primera etapa de los ocho de la transición, por lo que nos queda un periodo prudente de otros cuatro años para todo aquello que no se haya hecho o que no se haya hecho en la medida de lo deseado, porque recordemos que no hay código ni ley perfecta", indicó.

En este mismo ciclo también participó como conferencista el secretario técnico de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso, Walter González Vargas, quien se concentró en los diferentes ordenamientos legales que deben ser modificados para cumplir con la reforma judicial.

Señaló que el Poder Legislativo tendrá que aprobar reformas a la Constitución local, al Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia, Ley de Seguridad Pública, Ley de Defensoría Pública, Ley de Métodos Alternos, Ley de Extinción de Dominio, Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales, Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y Ofendidos de Delitos y Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes.

Incluso, agregó, se tendrán que plantear nuevas leyes, como la Ley de Reinserción Social, además de un sistema complementario de seguridad social que ampare a los policías, Ministerios Públicos, funcionarios de servicios periciales y otros servidores públicos relacionados con el aparato de justicia.

Este ciclo de conferencias fue organizado por las Comisiones Unidad de Justicia y Seguridad Pública y de Legislación y Puntos Constitucionales, en el que, la semana pasada, también participaron el magistrado José Luis Gálvez y el director de la Asociación RENACE, Martín Sánchez Bocanegra.