El diputado César Garza Villarreal, presidente de la Comisión, adelantó, además, que se promoverán reformas para obligar a las autoridades estatales y municipales a cumplir con las pruebas de confianza de sus elementos policiacos o, de lo contrario, serían acreedores a una sanción.

Los acuerdos anteriores se lograron luego de una visita informativa que realizaron legisladores al CISEC, donde fueron atendidos por el director general, Jesús Arias Rodríguez.

"La conclusión fundamental fue que acordamos una alianza estratégica entre el Congreso del Estado y esta importante dependencia estatal para que en el próximo presupuesto estatal se le dé el apoyo necesario para que crezca la capacidad instalada", dijo Garza Villarreal.

Explicó que al hacer el recorrido por las instalaciones los diputados pudieron constatar que actualmente el CISEC puede evaluar a 50 elementos por semana y está en proceso de ampliar su capacidad al doble al final de este año, pero el objetivo es triplicar sus posibilidades a fin de cumplir a cabalidad con sus funciones.

"Se esperan cambios a las leyes que establezca una obligación clara y puntual para todos los alcaldes, para el propio Gobierno del Estado, tanto en la policía preventiva como en la policía investigadora, así como los que forman parte del sistema penitenciario, de que todos los funcionarios, en un lapso que habrá de establecer la ley, hayan cumplido con esta prueba de control y confianza", anunció Garza Villarreal.

En tal sentido, agregó que las futuras modificaciones también pretenden que todos los elementos de las corporaciones se sometan a las pruebas de control y confianza, por lo menos, una vez cada dos años para verificar su evolución, lo que demandará un mayor trabajo del CISEC.

"Coincidimos en que esto debe ser una obligación establecida claramente en la ley y debe contemplar sanciones para los presidentes municipales y los titulares de la secretarías de seguridad pública, así como para los funcionarios estatales en caso de incumplimiento de esta obligación", dijo.

Garza Villarreal recordó que este proceso se enmarca en los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, firmado en 2008, en el que se marca la depuración de las corporaciones policiacas como la obligación más importante que adquirieron los estados de la República.