Gobierno del Estado de Nuevo León
Foto: H. Congreso del Estado de Nuevo León
SOLICITAN A GOBIERNO DEL ESTADO IMPLEMENTAR ACCIONES EMERGENTES EN CENTROS DE REINSERCION SOCIAL
14 de Junio 2017

SOLICITAN A GOBIERNO DEL ESTADO IMPLEMENTAR ACCIONES EMERGENTES EN CENTROS DE REINSERCION SOCIAL

Monterrey, 14 de Junio 2017

Ante la precaria situación en la que opera el sistema penitenciario de Nuevo León que se ubica entre los peor calificados a nivel nacional, la Diputación Permanente acordó exhortar a las autoridades estatales para que implementen un programa emergente para la atención de los Centros de Reinserción Social de Cadereyta, Apodaca y Topo Chico.

En el exhorto dirigido al Ejecutivo Estatal se pide que instruya a las dependencias encargadas de sistema de administración penitenciaria que apliquen las medidas necesarias tras los pésimos resultados que arrojó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2016, donde Nuevo León se colocó entre las 10 entidades peor evaluadas.

De acuerdo con la supervisión elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evaluar las condiciones de internamiento de las personas procesadas y sentenciadas en el país, Nuevo León obtuvo una calificación promedio de 5.46 puntos, apenas por encima de Tamaulipas que fue la peor calificada con 4.95 puntos; Guanajuato fue el Estado mejor evaluado con un resultado de 8.22 puntos.

La evaluación gira en torno a cinco rubros: Integridad del interno, Estancia digna, Gobernabilidad, Reinserción del interno y Atención a internos con requerimientos específicos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos enumeró las fallas del sistema penitenciario de Nuevo León en aspectos tales como: Falta de personal de seguridad, medicamentos, programas para la prevención de adicciones y desintoxicación, falta de prevención de incidentes violentos, carencia de actividades laborales, entre otras.

Además, Nuevo León es de los que reportan mayor incidencia en riñas, desordenes, motines y suicidios y se encuentra entre las entidades federativas que presentan mayor número de quejas ante autoridades y ante los organismos protectores de derechos humanos.
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por el diputado Sergio Arellano.