Los Diputados Locales aprobaron en lo general y en lo particular, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

El coordinador Marco González y los legisladores Marcelo Martínez, Patricia Salazar, Daniel Carrillo, Mercedes García, Juan Espinosa Eguía y Yanira Gómez, presentaron el dictamen 10977/LXXIV que contiene escrito signado por Jaime Rodríguez, Gobernador del Estado de Nuevo León, mediante el cual presenta observaciones al Decreto No. 285 por el cual se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

En la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia se establece que dentro de un plazo máximo de sesenta días posteriores a la instalación del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso del Estado emitirá las convocatorias para designar al Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y al Fiscal Especializado en Delitos Electorales.

En un plazo máximo de sesenta días posteriores a la emisión de las convocatorias, el Fiscal General de Justicia del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, deberán ser nombrados.

El Procurador General de Justicia del Estado y el Titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado, permanecerán en sus cargos en términos del Artículo Séptimo Transitorio del Decreto 243 publicado en día 14 de abril de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, hasta en tanto rindan la protesta de ley ante el Congreso del Estado el Fiscal General de Justicia del Estado y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

El Congreso del Estado contemplará en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que en ningún caso podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto asignado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Todos los asuntos relacionados con el objeto de la Procuraduría General de Justicia del Estado que se encuentre en trámite, las controversias y juicios en los que la misma sea parte, pasarán a la competencia de la Fiscalía General de Justicia de Estado de Nuevo León; los de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pasarán a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Todos los asuntos de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción que a la toma de protesta del Fiscal General de Justicia del Estado se encuentren vinculados a proceso, en etapa intermedia, en etapa de juicio oral o en segunda instancia, quedarán a cargo de una Unidad de Transición de Combate a la Corrupción.

Dicha Unidad de Transición de Combate a la Corrupción estará a cargo del funcionario que a la toma de protesta de ley del Fiscal General de Justicia del Estado se encuentre como Titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.

La Unidad de Transición de Combate a la Corrupción tendrá una duración de un año a partir de su formal instalación.

El coordinador Marco González dijo "que la participación ciudadana es la base fundamental, la Fiscalía General debe de contar con autonomía plena. Hoy atendemos las observaciones con un documento fortalecido jurídicamente. Se garantizan los derechos laborales de todos los servidores públicos".

Felipe Hernández, expresó que "la Ley entrará en vigor una vez que tome protesta el nuevo Fiscal General de Justicia en el Estado de Nuevo León".
Por su parte, el Diputado Ángel Barroso señaló que será fundamental el trabajo que realicen los integrantes del Comité de Selección en la preselección de los Fiscales.

Arturo Salinas expresó que el Congreso ésta demostrando que la lucha en contra de la corrupción es real, queda descartado que con la nueva Ley queden impunes los casos de funcionarios públicos que actualmente son investigados por la Subprocuraduría Estatal Anticorrupción.

A favor del dictamen se manifestaron los Legisladores Marco González, Felipe Hernández, Ángel Barroso, Sergio Arellano, Rubén González, José Luis Garza, Marco Martínez, Samuel García, Juan Espinosa Eguía, Arturo Salinas y Eugenio Montiel.