Con el fin de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el diputado Francisco Cienfuegos presentó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código de Procedimientos Civiles del Estado para agilizar los juicios de custodia.

El Diputado Cienfuegos manifestó que con las reformas presentadas se busca incrementar el número de psicólogos y trabajadores sociales en los Juzgados familiares, con el propósito de agilizar el otorgamiento de la Patria Potestad, lo que estaría acompañado de la partida presupuestal correspondiente.

Durante la exposición de motivos de la iniciativa, Cienfuegos Martínez informó que, actualmente, el Centro de Convivencia Familiar está saturado, por lo que los dictámenes psicológicos se tardan hasta cuatro meses en realizarse, sin contar, los tres o cuatro meses más que se lleva el proceso de demanda, con su contestación y audiencias preliminares.

"La solución al problema no es la creación de otro Centro de Convivencia, es necesario y urgente que se cuente con un psicólogo y un trabajador social adscritos a cada juzgado, que actúen como auxiliares y sean independientes al Juez, para que puedan emitir sus dictámenes con la inmediatez en beneficio de un menor", propuso el legislador en la sesión de este martes.

El Diputado enfatizó que cuando una pareja se divorcia por problemas de violencia, el Juez requiere de un dictamen para conocer el daño psicológico y social que puede tener el menor, pero ese proceso es largo por el exceso de trabajo, en perjuicio del menor.

"Nos preocupa y nos ocupa que un menor, cuyo núcleo familiar fue violentado, tenga que esperar hasta ocho meses para que el Juez emita una sentencia que le favorezca, así que es importante aclarar que el tiempo no es por culpa del juzgador, sino la falta de personal y el exceso lamentable de casos que tienen que atender", apuntó Cienfuegos Martínez.

"En beneficio de los menores de edad nos comprometemos a trabajar de la mano con el Poder Judicial del Estado y con el Instituto de la Defensoría Pública, por lo que instalaremos una mesa de trabajo permanente para quienes imparten y defienden la justicia y nosotros como legisladores, cerremos el círculo virtuoso que defienda el interés superior del menor", enfatizó el Diputado.

En la propuesta de reforma se establecerá que en un plazo no mayor a 120 días, el Tribunal Superior de Justicia deberá cumplir con la cobertura total del personal y que Estado destine los recursos necesarios en el Presupuesto de 2019.

Con ello, se podrá asignar personal suficiente para el mejor funcionamiento del Centro Estatal de Convivencia Familiar, aseveró Cienfuegos.

Además, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, deberá realizar las adecuaciones necesarias a su reglamento, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de su entrada en vigor.

Las diputadas Dolores Leal Cantú y Karina Barrón se suscribieron a la iniciativa que fue canalizada a las Comisiones unidas de Legislación y de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen.