Para reforzar el principio de "presunción de inocencia" y que las personas que se encuentran bajo un proceso legal no pierdan sus derechos ciudadanos hasta que haya una sentencia judicial, el Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Federal.

Con la propuesta, el Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, dijo que se busca modificar el artículo 38 con la eliminación de la fracción II que ordena la suspensión de derechos y prerrogativas del ciudadano, cuando éste se encuentre sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal.

"Actualmente, se establece que una persona vinculada a un proceso penal sin una sentencia condenatoria, ésta pierde sus derechos de votar, ser votado, asociarse, hacer uso del derecho de petición, trabajar en el servicio público, iniciar leyes y votar en las consultas populares, lo cual viola derechos humanos consagrados en la misma Constitución Federal", señaló.

Precisó que el artículo 38 Federal no ha sido reformado desde que la Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917, por lo que no refleja la evolución que ha tenido el país en materia de derechos humanos y del nuevo Sistema de Justicia Penal.

"Existe una grave contradicción en la Constitución Federal: por una parte, señala el principio de presunción de inocencia y, por otro lado, coarta los derechos ciudadanos cuando un individuo enfrenta un proceso penal, el cual, por encontrarse en curso, no se ha emitido sentencia", indicó el Legislador.

Sin embargo, Ibarra Hinojosa precisó que, en el caso de Nuevo León, la Constitución Local sí establece que la pérdida de derechos ocurre cuando ya se ha causado ejecutoria.

"Como legisladores tenemos la obligación de velar por los derechos de los ciudadanos y modificar aquellos que los transgreden, por lo que estoy seguro que la reforma será aprobada a nivel federal y con ello habrá de prevalecer el principio de presunción de inocencia y el irrestricto respecto a los derechos humanos", manifestó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.