La Diputada Tabita Ortiz Hernández presentó ante el Pleno un dictamen de la Comisión de Salud y Grupos Vulnerables para mejorar las condiciones de vida de los niños que viven con sus madres en centros de reclusión y los niños dependientes de personas desaparecidas.

La iniciativa, aprobada por unanimidad, consiste en una reforma por adición al tercer párrafo del artículo 18, y adición de una fracción IV al artículo 42 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, así como una adición a una fracción X recorriendo las subsecuentes del artículo 4° de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León.

"El informe especial realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León en enero 2010, sobre el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, menciona que la atención médica es brindada por un médico general de sexo femenino, quien es la encargada de atender las consultas ginecológicas y llevar un control prenatal a las mujeres embarazadas; ya que, el ginecólogo del sector salud acude una vez al año a fin de realizar los exámenes del Papanicolaou.

"Por lo que si se requiere de atención especializada, se envía a la interna al Hospital Universitario o al Hospital Metropolitano, pero no se cuenta con pediatras, y en el caso de los niños que han nacido mientras la madre se encuentra presa, la médica les lleva el control "del niño sano" y las vacunas se las aplican en el Hospital Metropolitano" señaló la Legisladora.

Con esta reforma, se estará cumpliendo con lo que establece nuestra Carta Magna en su artículo cuarto, que "en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez".

De acuerdo a otro informe de la CEDH realizado en 2013 en el CEPRERESO Topo Chico, se señala que de las 30 mujeres entrevistadas, el 90% de las internas mencionó que no existen guarderías o módulos reservados para las madres, niñas y niños pequeños, el 23% afirmó que no hay ningún servicio previsto para ellos, y el 46% mencionó que reciben donaciones de asociaciones e instituciones religiosas.

Asimismo, y de acuerdo a informes remitidos al Congreso por el Secretario de Seguridad Pública, en el CERESO Femenil se encuentran 17 menores de edad, 5 son niñas y 12 niños, y sus edades oscilan entre recién nacidos a un año y 6 meses.

En lo que respecta a las desapariciones forzadas, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), 37,435 personas se encuentran desaparecidas en el país y el Estado de Nuevo León se han registrado 2,528 casos al mes de abril de 2019.

"Los "niños invisibles", son menores que han estado ausentes de la atención de la sociedad, de las instituciones oficiales y de los beneficios de las políticas públicas en la materia" comentó Ortiz Hernández.

"Por ello, esta comisión dictaminadora, coincide con la promovente, ya que considera que la iniciativa de reforma que se presenta, ayudará a visibilizar problemática que existe, además de proteger y garantizar los derechos de las niñas y niños que nacen o que permanecen con sus madres que se encuentran privadas de su libertad, así como, atender a los principios y estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos", concluyó la Legisladora.