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LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Última Reforma:
30 de Julio 2010
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LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TEXTO ORIGINAL

LEY PUBLICADA EN P.O. # 103 DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2010.


EL C. RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, A TODOS SUS HABITANTES HAGO SABER: Que el H. Congreso del Estado ha tenido a bien decretar lo que sigue:


D E C R E T O

Núm........ 87



Artículo Primero.- Se expide la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León.


LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, se aplicará en el territorio del Estado de Nuevo León y tiene por objeto la prevención, atención, combate y erradicación de la trata de personas, así como la adopción de medidas de protección, atención y asistencia necesarias para garantizar los derechos de las víctimas del delito de trata de personas, previsto y sancionado en el Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Artículo 2.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán desarrollar políticas públicas, planes, programas y acciones para prevenir la trata de personas, asimismo, realizar con diligencia las investigaciones necesarias para que los responsables de la trata de personas sean sancionados y brindar atención, protección y asistencia a las víctimas de este delito.

Artículo 3.- En todo lo no previsto por esta Ley serán aplicables supletoriamente, en lo que a sus materias corresponda, las disposiciones del Código Penal para el Estado de Nuevo León, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo León, de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nuevo León; y demás leyes.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Administración Pública: El conjunto de dependencias, entidades y unidades administrativas, cualquiera que sea su denominación, que componen la administración centralizada, desconcentrada y paraestatal y municipal del Estado de Nuevo León;

II. Consejo: Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León;

III. Comisión Intersectorial: Comisión conformada por el Gobierno Federal conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas;

IV. Derechos Humanos: Son los atributos, prerrogativas y libertades que se le reconocen a un ser humano por el simple hecho de serlo e indispensables para una vida digna;

V. Interés Superior de la Niñez: Consideración primordial dirigida a procurar el cuidado y  asistencia que requieren los niños, niñas y adolescentes para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social;

VI. Ley: Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León;

VII. Niña o Niño: Todo ser humano menor de 18 años de edad;

VIII. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas y promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad y bienestar de las mujeres; 

IX. Políticas Públicas en materia de Trata de Personas: Las que realiza la Administración Pública y están destinadas al conjunto de los habitantes del Estado de Nuevo León, con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas;

X. Trata de Personas: Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción o remoción de órganos o tejidos humanos;

XI. Víctima: Persona que ha sufrido daño psicológico, físico, sexual o patrimonial como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal; y

XII. Violencia de Género: Acto u omisión basada en el género que ocasione muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico tanto en la esfera pública como en la privada;  


CAPÍTULO II
DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, COMBATE Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS


Artículo 5.- El Ejecutivo del Estado establecerá un Consejo conforme a lo previsto en la  Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, el cual se denominará Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León.

Artículo 6.- El Consejo tendrá por objeto establecer las políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de la trata de personas, así como aquellas tendientes a la prevención, atención, combate y erradicación de la trata de personas en el Estado.

Además coordinará y vinculará las acciones de sus miembros al poner en práctica el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado.


Artículo 7.- El Consejo estará integrado por los titulares de las siguientes dependencias y entidades: 

I. Secretaria General de Gobierno;

II. Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado;

III. Procuraduría General de Justicia;

IV. Secretaría de Seguridad Pública;

V. Secretaría de Educación;

VI. Secretaría de Salud;

VII. Secretaría de Desarrollo Social;

VIII. Secretaría del Trabajo;

IX. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León;

X. Instituto Estatal de las Mujeres;

XI. Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León;

XII. Instituto de Seguridad Pública; y

XIII. Un representante de los Presidentes Municipales de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, Cadereyta Jiménez, Santiago, Juárez y García, así como dos representantes de los municipios de la zona norte y dos representantes de los municipios de la zona sur de Nuevo León.

Para los efectos de esta Ley, los Municipios pertenecientes a la zona norte, estará comprendida por: Abasolo, Agualeguas, Los Aldamas, Anáhuac, Bustamante, El Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, China, Dr. Coss, Dr. González, Gral. Bravo, Gral. Treviño, Gral. Zuazua, Los Herreras, Higueras, Lampazos de Naranjo, Marín, Melchor Ocampo, Mina, Parás, Pesquería, Los Ramones, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Hidalgo, Vallecillo y Villaldama. La zona sur estará conformada por los Municipios de: Allende, Aramberri, Dr. Arroyo, Galeana, Gral. Terán, Gral. Zaragoza, Hualahuises, Iturbide, Linares, Mier y Noriega, Montemorelos y Rayones.

Los representantes de la zona norte y de la zona sur, serán designados mediante el voto secreto de la mayoría absoluta de los Presidentes Municipales de cada zona, en presencia del Secretario General de Gobierno, quien deberá convocarlos para el efecto, dentro de los 30-treinta días hábiles previos a la instalación del Consejo o en su caso, sustitución de sus integrantes.

Sólo quien ostente el cargo de Presidente Municipal de alguno de los Municipios referidos en esta fracción, podrá ser elegible como representante de su respectiva zona.

Los Consejeros propietarios podrán designar por escrito a un suplente para que los represente en las sesiones, quien deberá tener como mínimo el cargo de Director del área respectiva. 

Cada Consejero tendrá voz y voto en las reuniones del Consejo, y se requerirá la presencia de la mayoría simple de los Consejeros como mínimo para que las sesiones sean válidas.

El Consejo Interinstitucional podrá invitar a sus reuniones a académicos y personas relacionadas con el tema.

Artículo 8.- Serán invitados permanentes del Consejo Interinstitucional, los titulares de las siguientes dependencias o entidades:

I. Comisión Estatal de Derechos Humanos;

II. Poder Judicial del Estado; y

III. Poder Legislativo del Estado, a través del Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

Artículo 9.- El Secretario General de Gobierno, fungirá como Presidente del Consejo y dirigirá los trabajos en las reuniones del Consejo.

Artículo 10.- El Presidente del Consejo, designará a un Secretario Técnico, quien será un servidor público, que le auxiliará en el desarrollo de las sesiones.

Artículo 11.- El Secretario Técnico, será el encargado de circular las convocatorias, elaboración de actas, de dar seguimiento a los Acuerdos del Consejo, de recabar la información de las dependencias que correspondan para la elaboración de estudios, análisis y de documentos que coadyuven a la funcionalidad y que se encuentren dentro de la competencia del Consejo, y demás acciones de apoyo que se aprueben por mayoría los integrantes del Consejo.

Artículo 12.- Los cargos de integrante del Consejo así como el del Secretario Técnico, serán de carácter honorífico, por lo que el desempeño de sus funciones como tal no generará remuneración adicional.

Artículo 13.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer  y vincular las políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de la trata de personas, así como aquellas tendientes a la prevención, atención, combate y erradicación de este delito en el Estado;

II. Establecer los lineamientos y bases para la elaboración del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y coordinar su ejecución;

III. Impulsar las campañas de prevención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos;

IV. Promover convenios de colaboración interinstitucional y de coordinación con los gobiernos de otras Entidades Federativas y del Distrito Federal, así como con los Municipios, en relación con la seguridad, traslado, internación, tránsito o destino de las víctimas de trata de personas, con el propósito de protegerlas, alojarlas, orientarlas, atenderlas y, en su caso, asistirlas en el regreso a su lugar de residencia u origen;

V. Dar seguimiento a las políticas públicas y programas de acciones, así como evaluar los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos de coordinación a que se refiere la fracción anterior;

VI. Promover la difusión, información y capacitación con perspectiva de género, de derechos humanos y del interés superior de la niñez, a los servidores públicos y sociedad en general;

VII. Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo a las instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la prevención, protección y atención a las víctimas de la trata de personas y promoción, protección y difusión de los derechos humanos;

VIII. Establecer los lineamientos a seguir para recopilar, con la ayuda del Poder Judicial, Poder Legislativo, Instituto Estatal de Seguridad Pública, el Consejo Interinstitucional de Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos de Delitos, Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, con la finalidad de utilizarse en la toma de decisiones y para elaborar los contenidos de las políticas públicas en la materia, así como la elaboración de un banco de datos;

IX. Elaborar y presentar anualmente un informe de las actividades y resultados obtenidos con base al Programa Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, el cual será remitido al Gobernador del Estado y puesto a disposición de la sociedad a través del internet;

X. Promover las medidas que se consideren pertinentes a fin de mitigar los factores socioeconómicos que potencializan la vulnerabilidad de la población de ser víctima de trata de personas, como la pobreza, la falta de igualdad de oportunidades, desigualdad social, violencia de género, entre otras;

XI. Coordinarse con la Comisión Intersecretarial a nivel federal; y

XII. Las demás que se establezcan en esta Ley o en el Programa Estatal.

Artículo 14.- El Consejo sesionará ordinariamente cada tres meses y de manera extraordinaria cada vez que lo solicite su Presidente o a petición de las dos terceras partes de los Consejeros.


CAPÍTULO III
DE LA PREVENCIÓN

Artículo 15.- Las dependencias y entidades del gobierno estatal y municipal, así como las privadas, dentro de sus respectivas atribuciones, fomentarán acciones para prevenir, atender, fortalecer la solidaridad para la prevención del delito, así como el combate y erradicación de la trata de personas, que se fundamentarán en:

I. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional y de coordinación con la Federación y Municipios en materia de prevención y tratamiento de las víctimas;

II. Promover e informar a nivel poblacional qué es la trata de personas, y sus diferentes modalidades; 

III. Promover y sensibilizar a la población mediante la publicación y distribución de material referente a los derechos de las víctimas de trata de personas;

IV. Diseñar estrategias y programas dirigidos a la población, destinados a desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, señalando en ellos las consecuencias jurídicas que conlleva la misma;

V. Impulsar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables de trata de personas para captar o reclutar a las víctimas; así como los riesgos y daños a la salud que sufren las víctimas de trata de personas;

VI. Establecer las bases, para informar y orientar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de personas, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, así como las diversas modalidades de sometimiento que se presentan en la realización de este delito;

VII. Promover la inclusión del tema de trata de personas en el diseño, evaluación y actualización de los planes y programas de capacitación y formación de los servidores públicos estatales y municipales;

VIII. Promover la orientación al personal responsable de los diversos medios de transporte público, acerca de las medidas necesarias para asegurar la protección especial de las personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, indígenas, mujeres, así como de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, que viajen solas a través del territorio del Estado o que, en su caso, éste sea el lugar de origen o destino de viaje;

IX. Fomentar la información y capacitación del personal de hoteles, servicios de transporte público, restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a la trata de personas, así como orientarlos en la prevención, atención, combate y erradicación de este delito;

X. Promover la capacitación y formación continua a los servidores públicos, con la finalidad de prevenir la trata de personas, mismas que tendrán como principio rector el respeto a los derechos humanos de la víctima; y 

XI. Las demás que se considere necesarias para la prevención del delito de trata de personas.

La capacitación y formación a que se hace referencia en la fracción IX de este Artículo, estarán dirigidas, cuando menos, a todos los miembros de las instituciones del gobierno estatal y municipal, vinculadas a la seguridad pública, procuración y administración de justicia, salud y educación.

Así mismo esta capacitación y formación incluirán los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y trata de personas, así como la legislación nacional, estatal e internacional referente a la atención y protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, indígenas, de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistirlo.

Artículo 16.- Las políticas públicas, los programas y las acciones que se adopten de conformidad con el presente Capítulo, incluirán, cuando proceda, la colaboración de las Instituciones de Educación Superior, Organismos No Gubernamentales y de la Sociedad Civil.


CAPÍTULO IV
DE LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE LA TRATA DE PERSONAS


Artículo 17.- Las dependencias y entidades del gobierno estatal y municipal, así como las privadas, dentro de sus respectivas atribuciones, implementarán medidas que garanticen la protección, atención y asistencia a las víctimas u ofendidos del delito de trata de personas, estableciéndose los siguientes mecanismos:

I. Proporcionar orientación y asistencia jurídica, social, médica, psicológica,  educativa y laboral a las víctimas de trata de personas. En el caso de que las víctimas pertenezcan a alguna etnia o comunidad indígena o hablen un idioma o dialecto diferente al español, se designará a un traductor, quien les asistirá en todo momento;

II. Fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas del delito;

III. Desarrollar y ejecutar planes para la construcción del albergue específicamente creado para las víctimas de trata de personas, donde se les brinden las condiciones dignas para garantizar el respeto a sus derechos humanos, así como alojamiento por el tiempo necesario, asistencia médica y psicológica, alimentación y los cuidados mínimos atendiendo a las necesidades particulares de las víctimas;

IV. Garantizar que la estancia en el albergue o en cualquier otra instalación sea de carácter voluntario, la víctima podrá comunicarse en todo momento con cualquier persona y salir del lugar si así lo desea, cuando su acción no implique un riesgo para su propia seguridad, la del albergue o de otras víctimas que se encuentren en éste;

V. Proporcionar orientación jurídica migratoria a las víctimas del delito que así lo requieran, facilitar la comunicación con las autoridades competentes o a su lugar de origen con sus familiares cuando no provoque algún riesgo para la víctima; 

VI. Garantizar que bajo ninguna circunstancia se albergará a las víctimas en centros de detención preventivos, penitenciarios, ni lugares habilitados para ese efecto; por lo que se deberá de contar con lugares establecidos para la atención de víctimas de trata;

VII. Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y la de sus familiares ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos;

VIII. Proporcionar asesoría y asistencia jurídica respecto a los derechos y procedimientos legales a seguir; durante todo el proceso legal, en especial para exigir la reparación del daño; y

IX. Las demás que el Consejo, considere necesarias para la protección, atención y asistencia a las víctimas u ofendidos de la trata de personas.

Estas medidas no podrán interpretarse como limitativas de las ya previstas en la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo León.

Artículo 18.- Todas las Instituciones Estatales y Municipales, especialmente los Órganos de Procuración y Administración de Justicia, están obligados a proteger la privacidad y la identidad de las víctimas del delito de trata de personas, previendo la confidencialidad de las actuaciones, conforme a lo señalado en el artículo 20, inciso C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 19.- El Consejo promoverá las medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en coordinación y con apoyo de organizaciones de la Sociedad Civil de probada calidad y eficiencia, Instituciones de Educación Superior, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la Sociedad Civil.

Artículo 20.- Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia, preverán los elementos necesarios para garantizar y brindar seguridad a las víctimas de trata de personas mientras se encuentren en territorio del Estado de Nuevo León.


CAPÍTULO V
PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS


Artículo 21.- El Programa Estatal constituye el instrumento rector en materia de prevención del delito de trata de personas, así como de atención, protección y asistencia a las víctimas del mismo ilícito, el cual será revisado anualmente y estará basado en el Programa Estatal de Seguridad Pública.

Artículo 22.- El Consejo deberá incluir los siguientes aspectos en el diseño del Programa Estatal:

I. Un diagnóstico sobre la situación que prevalezca en el Estado en la materia, así como la identificación de la problemática a superar, en cuyo diseño, elaboración y análisis deberán intervenir las autoridades estatales, municipales, las Instituciones de Educación Superior, la Sociedad Civil y, en su caso, Organismos Internacionales;

II. Los objetivos generales y específicos del programa;

III. Las estrategias y líneas de acción del programa;

IV. Los mecanismos de cooperación interinstitucional y de enlace, colaboración y corresponsabilidad con la Sociedad Civil organizada e Instituciones de Educación Superior;

V. Elaboración de estrategias que fomenten la participación activa y propositiva de la población;

VI. El diseño de campañas de difusión en medios de comunicación para sensibilizar a la población sobre las formas de prevención, atención, combate y erradicación de la trata de personas;

VII. Las líneas de acción tendientes al fomento de la cultura de prevención de la trata de personas y la protección a las víctimas de ese delito;

VIII. Las alternativas para generar la obtención de recursos que permitan financiar las acciones del programa;

IX. Establecer metodologías de evaluación y seguimiento de las actividades que deriven del programa, fijando indicadores para tal efecto;

X. Diseñar ejes rectores de política pública sobre el tema de trata de personas; y

XI. Los demás que el Consejo considere necesarios.

T R A N S I T O R I O S 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo.- El Consejo Interinstitucional a que se refiere la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, se integrará dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero.- Las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal y municipal, que tengan entre sus atribuciones la asistencia a víctimas de algún tipo de delito, deberán incluir a partir del ejercicio fiscal 2011 y en los subsecuentes, dentro de sus presupuestos anuales, recursos suficientes para la implementación de programas y acciones para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas.

Cuarto.-  La Procuraduría General de Justicia en el Estado, deberá incluir a partir del ejercicio fiscal 2011 y en los subsecuentes, dentro de su presupuesto anual, recursos suficientes, para iniciar la construcción del albergue a que se refiere esta Ley y el Artículo Tercero Transitorio, así como el necesario para su funcionamiento y administración.  

Quinto.- En tanto no exista disponibilidad del albergue, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, será la responsable de velar por la seguridad de las víctimas del delito de trata de personas.

Por lo tanto envíese al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,  en  Monterrey, su Capital, al primer día del mes de julio del año dos mil diez.

PRESIDENTE: DIP. SERGIO ALEJANDRO ALANÍS MARROQUÍN; DIP. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN PEÑA DORADO; DIP. SECRETARIA: BLANCA ESTHELA ARMENDÁRIZ RODRÍGUEZ.- RÚBRICAS.-

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en Monterrey, su capital, al día 05 del mes de julio del año 2010.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ
RÚBRICA

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JAVIER TREVIÑO CANTÚ
RÚBRICA

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO
ALFREDO GERARDO GARZA DE LA GARZA
RÚBRICA

EL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
ALEJANDRO GARZA Y GARZA
RÚBRICA

EL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN
RÚBRICA