Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado que marcan el inicio de un nuevo sistema de seguridad y procuración de justicia en Nuevo León, al instaurar la profesionalización de la carrera policial.

El diputado César Garza Villarreal, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, expuso al Pleno el dictamen, enviado por el Poder Ejecutivo en el marco de la "Alianza por la Seguridad", lanzada hace un mes con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como organizaciones ciudadanas, cámaras empresariales e instituciones académicas.

La trascendencia de estas modificaciones radica en: profundizar el servicio profesional de carrera policial con mayores beneficios y obligaciones en el régimen laboral de las corporaciones, fortalecer el sistema de información para la seguridad pública y establecer las bases para generar una policía científica con capacidad investigadora.

"No nos equivocamos, todos lo consideramos así, todas las fracciones legislativas, todos los expertos, de que esta es la reforma en materia de corporaciones policiacas más importante que ha tenido el estado de Nuevo León en toda su historia, marca el inicio de la carrera policial, un trabajo que ha sido menospreciado y que ahora se convierte en una real alternativa profesional", aseveró Garza Villarreal.

A partir de esta reforma, el policía tendrá claro las reglas para su ingreso, permanencia y ascenso dentro de las corporaciones, para que sea una alternativa real de desarrollo profesional.

En este sentido, se sentaron las bases para mejorar el sueldo de los efectivos del sistema de seguridad, así como sus prestaciones laborales, amén que se fomentará la preparación técnica y académica para obtener ascensos y mejoras económicas.

En contraparte, se incrementan las obligaciones al fijar como requisito ineludible la certificación de las pruebas de control y de confianza, tanto para el ingreso como para la permanencia de los interesados en las corporaciones.

El decreto aprobado señala que la propuesta federal contempla una vigencia que la certificación tenga vigencia de tres años, pero en Nuevo León será de por lo menos 2 años como requisito para que los policías puedan continuar en su cargo.

Otras de las aportaciones relevantes es que los policías tendrán la capacitación para ser investigadores, una atribución que va de la mano con el nuevo Sistema Nacional Acusatorio que considera a los uniformados como coadyuvantes del Ministerio Público.

Respecto al sistema de información para la seguridad pública, la reforma a la Ley contempla tres herramientas: el informe policial homologado, que será la base para que las policías preventivas pasen a ser policías investigadoras; el registro administrativo de detenciones, que busca proteger las garantías de las personas que sean detenidas, y el sistema único que información de seguridad, que involucra todos los datos del sistema penitenciario, detenciones administrativas y de delitos, que permitirá rediseñar las estrategias de prevención.

El diputado Garza Villarreal insistió en que la relevancia de estas modificaciones marcará un parte aguas en el desarrollo de las corporaciones policiacas, que se traducirá en un mejor servicio a la sociedad.

"En una primera etapa, esta nueva Ley se puede traducir en una reducción de los elementos de las corporaciones, toda vez que es un corte a los malos elementos, pero al mismo tiempo es una gran invitación para que nuevos elementos, con un nuevo perfil, se integren al nuevo esquema, porque esta nueva Ley marcará un antes y un después en materia de seguridad", apuntó el legislador.

A favor de la reforma se pronunciaron en tribuna los diputados Fernando González Viejo, José Ángel Alvarado Hernández, Homar Almaguer Salazar y Juan Carlos Holguín Aguirre.

Es importante señalar que como parte del proceso para elaborar el dictamen aprobado, las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública y de Legislación y Puntos Constitucionales realizaron una mesa de trabajo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado para afinar los detalles sobre esta reforma, que ahora estará acorde con la normativa impulsada desde el Sistema Nacional de Seguridad.

En el mismo decreto se aprobó un artículo transitorio que establece un plazo de 180 días naturales para que el Estado y los Municipios emitan las adecuaciones a sus reglamentos.