La septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, a través del Diputado Waldo Fernández González, aprobó enviar un exhorto a la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, para que envíe un informe detallado sobre los títulos de concesión para la explotación de rutas de transporte de personas que se han otorgado en los últimos seis años, así como las condiciones de las mismas, dada la frecuencia de actos de corrupción en el estado en esta área.

Lo anterior, toda vez que en un medio local se mencionó que en la pasada administración se otorgaron permisos en el transporte público, específicamente en la ruta "El Álamo-Monterrey" y de acuerdo a dicha publicación éstos fueron otorgados a familiares de un servidor público, tras convenio firmado por el entonces titular del Instituto de Movilidad Noé Chávez y Javier Flores, uno de los sobrinos favorecidos.

Cabe destacar que la ruta que competía en este mismo tramo empezó a sufrir acoso, mediante operativas constantes del Instituto de Movilidad, tales como prohibir hacer paradas en puntos de alta demanda y subir pasaje en determinados tramos desde el Cercado a Monterrey, por lo que la mencionada ruta tuvo que bajar sus precios a fin de ganar clientes.

La publicación menciona que los Hermanos Javier y Manuel Flores Martínez adquirieron la totalidad de las acciones de la empresa Autobuses Monterrey, Villa de Santiago, El Cercado, S.A., hecho que quedó asentado en el Registro Público del Comercio, refirió el Legislador durante su participación en el pleno.

Además, dijo que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 muestra que, en Nuevo León, el 85 % de las personas considera que los actos de corrupción son frecuentes, que 10,438 fueron víctimas de este tipo de actos, como contratos con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad y con el trámite para abrir una empresa.

Señaló también que los esquemas de corrupción más comunes en México son pagos directos a través de socios comerciales (67%), proveedores ficticios/facturas falsas (25%), pagos indebidos a través de nómina (25%), regalos, viajes y entretenimiento indebidos (25%), deficiencias en los controles de tesorería para monitorear el destino final de fondos (17%) y sobre precio/soborno (17%).

Dicho exhorto fue puesto a votación en el Pleno del Congreso y aprobado por unanimidad.