El Congreso del Estado aprobó reformas por adición de un último párrafo y seis incisos al artículo 96 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, en materia de transparencia.

El dictamen de la Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo fue presentado en Tribuna por el Diputado Roberto Farías.

"En abril del presente año se dio a conocer en un medio de comunicación, que el Gobierno del Estado planeaba cambiar unos 11 mil millones de pesos a un nuevo instrumento de inversión, destacando que ese movimiento podría generar afectaciones en los rendimientos del Fondo. Según información de esta misma fuente, el fondo ronda los 21 mil 59 millones de pesos, administrado por Afore 21 de Banorte, con un rendimiento promedio del 5.5 por ciento real anual. Dicha propuesta versaba en mover los recursos a un fideicomiso de un banco local, garantizando un rendimiento de 2.5 por ciento anual", señaló el Legislador.

En aras de la transparencia, las personas tienen derecho a conocer en qué instrumentos son invertidos los recursos del Sistema Certificado para Jubilación (SCJ). Por ello, se tiene que evitar a toda costa una falta de liquidez. Además, es preciso que se conozca con quien contrata el Estado instrumentos de inversión de los fondos del SCJ; las instituciones con las que se contratan; las cantidades que se invierten y los rendimientos que se generan. Adicionalmente, si dichos instrumentos se encuentran apegados al régimen de inversión, la calificación de riesgo-crédito que tienen los instrumentos de deuda en los fondos de pensiones, lo mismo que transparentar las comisiones que se cobran por el manejo de los fondos.

Por lo que se aprobó la reforma que señala que el Instituto deberá aplicar los principios de transparencia y máxima publicidad en la contratación de instrumentos para la inversión de los recursos de las cuentas del Sistema Certificado para la Jubilación.

Asimismo, a través del Consejo Directivo, el Instituto enviará a la Auditoría Superior del Estado, por medio del Congreso del Estado, un informe anual sobre el estado que guardan los fondos aquí referidos, debiendo enterarse durante el primer trimestre del ejercicio fiscal correspondiente el informe del ejercicio anterior, integrándose a la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal respectivo, y contendrá lo siguiente:

a) La concentración que tienen los fondos en las diversas instituciones financieras o instrumentos que se analizaron;

b) La liquidez con que cuentan los fondos;

c) La calificación de riesgo que tienen los instrumentos de deuda;

d) La figura jurídica que se utilizó para asignar la custodia de los fondos a las instituciones financieras que los tienen;

e) Las comisiones que se cobran por el manejo de los fondos; y

f) Los estudios actuariales realizados a la fecha de la autorización.

Los servidores públicos que por acción u omisión incumplan con lo dispuesto por el presente artículo, serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.

El dictamen fue aprobado por unanimidad por los Legisladores.