Las Comisiones Unidades de Justicia y Seguridad Pública y de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado iniciaron un ciclo de conferencia para sentar las bases para un nuevo sistema judicial acusatorio que iría acorde con las reformas constitucionales a nivel federal que buscan agilizar los procesos, garantizar mejor los derechos de inculpados y víctimas, al tiempo que se fomentaría la reinserción social.

El diputado César Garza Villarreal señaló la importancia de este ejercicio, en el que participaron diputados, cuerpo jurídico y secretarios técnicos de las comisiones del Poder Legislativo, ante el reto de impulsar las reformas legales al sistema judicial de Nuevo León.

Explicó  que además de las reformas a la Constitución local, se requieren cambios  a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia, Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley que Regula las Sanciones Penales y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Adicionalmente, dijo, se dará un nuevo impulso a la justicia oral, para lo cual se contempla la ampliación gradual del número de delitos que pudieran resolverse bajo este esquema, incluidos algunos de alto impacto.

Destacó  la participación del Magistrado José Luis Gálvez, quien apuntó  que se trata de una amplia reforma que pretende cumplir con la disposición constitucional de que la justicia sea pronta y expedita.

"Estos cambios representa un cambio integral a todo el sistema de justicia, no nada más de la Procuraduría y del Poder Judicial, sino de todos aquellos que de una u otra manera tienen relación común con la justicia", destacó.

El representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado agregó que el proyecto es ambicioso, pero posible, a fin de que haya una política criminológica para prevenir el delito, una profesionalización de los cuerpos policiacos, una investigación científica del delito, fortalecimiento de la justicia oral y que el sistema penitenciario sea reestructurado con programas que verdaderamente reinserten a los condenados a la sociedad.

Otra conferencista fue el director de la asociación RANACE, Martín Sánchez Bocanegra, quien invitó a los diputados a analizar las reformas que demanda Nuevo León a las luz de las experiencias en otros estados, como Baja California Sur, Morelos, Zacatecas, Chihuahua y Oaxaca, para aprender de los aciertos y corregir los errores que se hayan presentado.

En tal sentido, precisó que entre las figuras que se contemplan la libertad cautelar en delitos menores y en inculpados que no hayan tenido antecedentes; se abriría la posibilidad formal de la mediación y conciliación antes de abrir un proceso judicial; se abreviarían los procedimientos cuando sea evidente la culpabilidad.

También se considera la creación de la figura del Juez de Control que vigilará  el procedimiento de los Ministerios Públicos; se contemplan penas menos severas cuando el acusado admita su responsabilidad, además se aplicaría tratamiento y seguimiento psicológico a los inculpados desde el momento mismo de ingresar a un centro penitenciario.

Para todo ello, aclaró, se requerirá un intenso programa de depuración y capacitación en corporaciones policiacas, ministerios públicos, juzgados y otras instancias relacionadas con le administración e impartición de justicia.

"Al nuevo sistema de justicia, lo que le debemos exigir, es que realmente imparta justicia con un nivel de respeto al debido proceso, respeto a los derechos y las garantías de los inculpados y víctimas, que sea transparente y eficiente en cuanto a quién llevan ante la justicia y cómo se procesa cada caso", añadió Sánchez Bocanegra.