Para proteger la economía de los nuevoleoneses, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas al Código Civil para ampliar el monto del patrimonio familiar que no podrá ser objeto de embargo.

La modificación implica elevar de 1 millón y medio a más de 2 millones de pesos el valor patrimonial que cualquier familia puede inscribir ante el Registro Público de la Propiedad, con el propósito de que sus pertenencias no puedan ser afectadas por terceros, lo que representa una garantía a su bienestar.

El diputado Héctor García García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, puso a consideración del Pleno el decreto de reforma al artículo 727 del Código Civil.

Explicó que era necesario que Nuevo León no quedara rezagado en esta materia, toda vez que otras entidades del país, con un menor costo de vida, ya han adecuado los valores patrimoniales que no pueden ser sujetos de gravamen.

"El estado de Nuevo León no debe rezagarse en este rubro, ya que de entre las demás entidades federativas, por tener un mayor costo de vida y una participación importante en el Producto Interno Bruto, debe de reflejarse también en mejores garantías a la economía familiar", planteó García García en la exposición de motivos.

La reforma se aplicó al artículo 727 del Código Civil del Estado, en el que ahora se consigna que el patrimonio familiar protegido puede ascender a un valor de 45 mil salarios mínimos, en lugar de 27 mil.

Esto implica que una familia podrá salvaguardar su casa, terrenos, muebles, vehículos, instrumentos de trabajo y todo aquello que considere necesario para sobrevivir, y así evitar un eventual embargo.

A favor del dictamen se pronunció el diputado Mario Emilio Gutiérrez Caballero, quien insistió en que era necesaria la modificación para proteger los bienes que no sólo representan el esfuerzo de las familias trabajadoras, sino también su propia sobrevivencia.

"Se pretende dar seguridad patrimonial y cumplir con el compromiso para y por los ciudadanos que representamos, porque se están garantizando los bienes indispensables para una vida digna", dijo el legislador.

Por su parte, la diputada María del Carmen Peña Dorado, promovente de la iniciativa, celebró la aprobación de estos cambios que evitarán que las familias sean víctimas de embargos.

"Sin duda es un noble fin, es garantizar que las familias puedan tener el sustento que les cuesta una vida de esfuerzo, una vida de trabajo. Es garantizar que no lo vayan a perder por ninguna circunstancia y que las familias puedan ver resguardado su patrimonio", apuntó.

En el mismo tono se manifestaron los diputados Juan Carlos Holguín Aguirre y Homar Almaguer Salazar, quienes reiteraron que Nuevo León tenía que actualizarse en esta materia, sobre todo para proteger a la hacienda familiar de acciones dolosas, como la usura.