Para reducir la carga de trabajo al Poder Judicial y reducir los tiempos para acatar las disposiciones de un testamento, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código de Procedimientos Civiles que facultan a los Notarios Públicos para resolver estos asuntos, siempre y cuando haya acuerdo pleno entre los herederos.

A nombre de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el diputado Héctor Morales Rivera expuso a consideración del Pleno el dictamen correspondiente.

Con esta medida, se agilizarán los trámites testamentarios sin necesidad de acudir a una instancia judicial, como se establecía antes de esta reforma, lo que abatirá el rezago existente en la materia.

Los legisladores estimaron acertado ampliar la actuación de la figura del Notario Público dentro de los "procedimientos sucesorios" cuando no haya conflicto entre las partes interesadas.

En el cuerpo del dictamen se hace énfasis en la relevancia que tiene el oficio del Notario Público para dar fe del acontecer jurídico, los tratos particulares y hasta los acontecimientos históricos de la comunidad, por lo que se consideró válido otorgarle la nueva atribución.

En la exposición de motivos se insistió en que este procedimiento agilizará el trámite para hacer efectivo el testamento, amén que el Poder Judicial se verá más desahogado, toda vez que ya no tendrá que atender los asuntos testamentarios cuando haya acuerdo entre los posibles herederos.

 "Resulta acertado apartar del Juez carga de trabajo y a los Tribunales, asuntos que son de mera constatación, para que ese tiempo sea empleado en resolver otros juicios en donde realmente exista un conflicto de interés", argumentó Morales Rivera en la lectura del documento.

A favor del decreto se pronunció el diputado Héctor García García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quien destacó la agilidad que ahora tendrán los trámites testamentarios, al tiempo que señaló el compromiso del Congreso para buscar métodos alternos que resuelvan los problemas de la comunidad.

Por su parte, la diputada Brenda Velázquez Valdez y el diputado Homar Almaguer Salazar, coincidieron en que la reforma coadyuvará a la expedita impartición de justicia.

Definen requisito para juicio político

En otro acuerdo, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad modificación a la Ley de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios para evitar el abuso de la figura del juicio político y denuncias contra funcionarios.

El diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer presentó el dictamen, en el que se establece que sólo procederán las demandas de juicio político cuando sean presentadas "bajo protesta de decir verdad".

"Se establece que cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad podrá presentar una denuncia de este tipo, pero es natural exigir que lo haga protestando decir verdad, ello con la finalidad de prevenir acusaciones temerarias o infundadas, o simplemente motivadas por cuestiones ajenas a la naturaleza del procedimiento", señala la exposición de motivos.

Como parte de la reforma al artículo 13 de la mencionada Ley, se estableció que la autoridad notificará al denunciante sobre la eventual omisión de la "protesta de decir verdad", pero de no cubrirla en tres días, la denuncia se tendrá por no presentada.