Con el consenso de todos los grupos legislativos, el Pleno del Congreso aprobó los presupuestos de ingresos de los 51 municipios. 

Al aprobar los dictámenes de las cinco Comisiones de Hacienda y Desarrollo Municipal, el Poder Legislativo concluyó con la miscelánea fiscal a ejercer en el 2015.

"Los diputados tenemos la responsabilidad de fijar y aprobar los presupuestos de ingresos y egresos de los 51 municipios del Estado. 

"Es de suma importancia aprobar esos proyectos de presupuesto en los términos enviados por los promoventes, porque estamos convencidos que los municipios tendrán resultados positivos en los planes y programas que emprendan", dijo el diputado Gustavo Caballero Camargo al hablar a favor de los expedientes de la Comisión Primera de Hacienda.

En ese sentido, los diputados avalaron los valores unitarios catastrales a los municipios que los solicitaron para nuevos fraccionamientos e inconformidades como son los casos de los ayuntamientos de Guadalupe, Monterrey, Escobedo, San Nicolás, García, San Pedro, Cadereyta, Linares y Santa Catarina.

Se avalaron actualizaciones a los valores catastrales para Apodaca, en terrenos industriales y rústicos; mientras que en Salinas Victoria en todos los rubros y en el caso de Pesquería se actualizó la tabla de valores de construcción por metro cuadrado.

Aun cuando los municipios solicitaron techos financieros variables, el Pleno sólo les autorizó en general un 5 por ciento de sus ingresos ordinarios.

También se aprobaron reformas a la Ley de Hacienda del Estado para modificar las fechas para el cobro de recargos e intereses moratorios en el impuesto predial.

La reforma establece que los contribuyentes puedan realizar el pago de su impuesto hasta el día 5 siguiente al mes vencido, sin que se les aplique cobro extraordinario alguno por concepto de recargos o intereses moratorios.

Dentro de  estas reformas se precisa que las instituciones de beneficencia privada y asociaciones civiles pagarán sólo una cuota única en el Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) a los municipios y, para ello, deben estar certificadas por la Junta de Beneficencia Privada del Estado.