El Pleno del Congreso aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado fincar responsabilidades a los servidores públicos que estén involucrados en irregularidades en la contratación y ejecución de  diversas obras de pavimentación y bacheo.

De acuerdo al reporte de laboratorio de obra pública y desarrollo urbano, que realiza el mismo órgano fiscalizador, diversos municipios incumplieron con la Ley de Pavimentos, es por ello, que los legisladores solicitaron precisar responsabilidades.

Durante su participación en tribuna, el legislador Carlos Barona Morales dio lectura al resolutivo del dictamen, mismo que fue avalado por el legislador Eduardo Arguijo Baldenegro, quien en su momento presentó dicha iniciativa.

El documento señala que: "el Estado cuenta con una Ley de Pavimentos que debe de ser respetada... resulta primordial contar y mantener en condiciones la infraestructura vial, no solamente de los municipios que integran el área metropolitana de Monterrey, sino en todo el Estado".

El dictamen, que fue aprobado en la Comisión de Transporte, establece además como finalidad primordial la reducción del número de accidentes automovilísticos y los riesgos para los propios conductores de vehículos, sobre todo cuando se originan daños en la carpeta con motivo de las temporadas lluviosas en la entidad.

La Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 11 de Septiembre de 2009, misma que dentro de las consideraciones de dictamen fue calificada de avanzada a nivel nacional.