Gobierno del Estado de Nuevo León
Foto: H. Congreso del Estado de Nuevo León
LAS "CUENTAS MOCHAS" DEL FÓRUM
11 de Abril 2008

LAS "CUENTAS MOCHAS" DEL FÓRUM

Monterrey, 11 de Abril 2008


A finales del mes de marzo del presente año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el resultado de la Auditoria practicada a los recursos recibidos por el Gobierno del Estado de Nuevo León por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para el desarrollo del evento denominado Fórum Universal de las Culturas durante el año 2006 por un monto de 300 millones de pesos de los cuales se auditó un monto de doscientos 18 millones; 156 mil, 200 pesos.

Luego de esta revisión se dieron a conocer las siguientes irregularidades:

Pagos por concepto de asesorías, sin proporcionar la evidencia de los trabajos desarrollados por Un millón, 450 mil pesos. Pagos por importes mayores a los estipulados en los contratos por tiempo y objeto determinado por dos millones, 667 mil, 700 pesos. Pagos realizados a 47 personas contratadas por tiempo y objeto determinado sin justificar sus pagos por 15 millones, 678 mil, cien pesos.

En total, la Auditoria Superior de la Federación señaló que las irregularidades fueron por un monto cercano a los 20 millones de pesos, los cuales tendrán que ser solventados (justificados) por el Gobierno del Estado o, en su defecto, resarcidos a la Hacienda Pública Federal.

Sin embargo, en la información dada a conocer no se incluyeron otra serie de irregularidades que sería importante mencionar y que se refieren a los contratos de reasignación y de apoyo del Conaculta transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, no se formalizaron en los términos del "Modelo de convenio de Coordinación y reasignación de recursos para el ejercicio fiscal de 2006".

Se observó que la cuenta bancaria utilizada para administrar los recursos otorgados por Conaculta, se mezcló con otras fuentes de financiamiento.

En la papelería, documentación oficial, publicidad y promoción expedida por la "Fundación Monterrey 2007, A. C." no se incluyó la leyenda: "Este proyecto es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este proyecto con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a lo establecido. Quien haga uso indebido de los recursos de este proyecto deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Así mismo fue observado que durante el año 2006, en la revisión de un total de 89 proveedores por 215 millones; 656 mil, 300 pesos en la contratación o adjudicación de 51 contratos por un monto de 192 millones;747 mil, 900 pesos, que representa un 89.3 por ciento, no se encontró que se hayan realizado los procedimientos correspondientes de Adquisiciones.

También se determinó que en contratación por arrendamiento de vehículos por un monto de 3 millones; 20 mil, 400 pesos, no se consideró la posible adquisición mediante arrendamiento con opción a compra, por lo que no se aseguraron las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad,

En la renta del Penthouse (por 11 mil, 800 dólares mensuales) y de dos camionetas Freelander (13 mil, 200 pesos mensuales) se constató que la administración de los recursos públicos federales no se realizó con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad,

Además no existe evidencia de la asesoría permanente y especializada que se obligó a prestar la Fundación Barcelona 2004 a cada una de las áreas de Fundación Monterrey 2007 y por la que se pagaron un millón y medio de Euros (más de 20 millones de pesos).

Debido a las irregularidades detectadas, la ASF determino aplicar diversas recomendaciones, pliegos de observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, dejando estas últimas para ser aplicadas por la Contraloría Interna del Gobierno del Estado. Lo anterior, lógicamente, levanta sospechas, sobre la imparcialidad que tendrá la Contraloría, pues el titular de la dependencia no realizó su trabajo de prevención y ha manifestado en diversas ocasiones que en el Fórum las irregularidades no son relevantes. Aemás él depende del Gobernador, quien también ha defendido el manejo del Fórum y, a través de la Procuraduría de Justicia, la cual también está bajo su cargo, se dictó el in ejercicio de la acción penal contra Gastón Melo y quien resulte responsable de los malos manejos de dicha fundación.

En sí, con el análisis completo de la Auditoría que nos ocupa, se demuestra, que el dinero nunca dejo de ser público. Que el Gobernador del Estado, el Tesorero, el Contralor, el Procurador y otros funcionarios públicos más, han tratado de engañar a la opinión pública al señalar, directa o indirectamente, que al traspasarle los recursos el Gobierno a la Fundación Fórum, estos dejaban de ser públicos y se convertían en recursos privados por lo que no estaban obligados a transparentar el uso de los mismos y mucho menos a rendir cuenta pública.

Con esta disposición, la cual no fue cumplida, se refuerza nuestra exigencia de que se sancione a los responsables del mal uso de los recursos públicos ya que, si bien es cierto, los que administraron directamente la Fundación Fórum no fueron servidores públicos, al manejar recursos del erario, SÍ les es aplicable la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos así como el Código Penal en el apartado respectivo.

Además que en todo caso no solo hay responsabilidad administrativa para quienes directamente administraron el Fórum, sino quienes teniendo la responsabilidad primaria sobre los recursos, decidieron dejar fuera de su ámbito la correcta aplicación de los mismos.

Sin duda, el Gobernador tiene la atribución de crear las instancias administrativas para el correcto despacho de los asuntos de gobierno, pero no deja de recaer en él, en el Tesorero y en el Contralor la responsabilidad de asegurarse que los recursos sean utilizados de manera correcta o que quienes no lo hagan así, sean debidamente sancionados.


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