Para combatir con mayor eficacia el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Los legisladores acordaron modificar los artículos 125, 128 y 130 de la mencionada Ley para dejar establecida la obligación de los órganos fiscalizadores del Estado, Municipios y organismos públicos autónomos para dar parte inmediata al Ministerio Público cuando haya indicios de enriquecimiento ilícito de algún funcionario.

En sesión extraordinaria, los diputados de los grupos legislativos del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática, votaron a favor de este proyecto que fue presentado por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.

A favor del dictamen hizo uso de la tribuna el diputado José Ángel Alvarado Hernández, quien insistió en que era necesaria la reforma porque la actual legislación deja al arbitrio de la contraloría denunciar ante el Ministerio Público el enriquecimiento ilícito, lo que fomenta la impunidad y demerita la función pública.

Explicó que la adecuación se impulsó con el propósito de implementar un mecanismo expedito para investigar y aplicar las sanciones previstas.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Holguín también apoyó el sentido del dictamen y propuso seguir analizando las leyes que acoten a los servidores públicos que traicionen la confianza de la ciudadanía.

Resulta necesario seguir trabajando en estas iniciativas que ayuden a combatir la corrupción, porque México merece servidores honestos y respetuosos de la ley, por lo que aquellos que no lo han hecho deben enfrentar los diversos tipos de responsabilidad a los que estén sujetos, agregó Holguín Aguirre.

El diputado César Garza Villarreal, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, detalló que a pesar de que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos ya está sancionado por la ley, no se especificaba la obligación de las contralorías y órganos fiscalizadores de dar parte inmediata al Ministerio Público.

La reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos aprobada precisa, establece con claridad la obligación de la contraloría, de los órganos de fiscalización interna de los municipios, de los órganos de contraloría de los organismo constitucionalmente autónomos que cuando tengan conocimiento de un hecho irregular inmediatamente den aviso al Ministerios Público, de lo contrario estarían incurriendo en falta administrativa y en delito de encumbramiento, apuntó Garza Villarreal.

La reforma al artículo 125 señala que cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pueda tener un servidor público de la administración pública, la controlaría hará inmediatamente del conocimiento del Ministerio Público tal situación.

Las modificaciones a los artículos 128 y 130 de la citada ley, establecen que la Contraloría será coadyuvante del Ministerio Público en la averiguación y se establece responsabilidad a los órganos fiscalizadores si no da parte inmediata del enriquecimiento a la autoridad correspondiente.