Para dar seguimiento a los ex policías y evitar que caigan en las redes de la delincuencia, el Congreso del Estado propuso la creación de un programa de empleo a quienes hayan sido elementos de las corporaciones de seguridad y que no cumplan con los requisitos que exige el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación, de Información y Confianza (CISEC).

El dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública fue expuesto al Pleno por el diputado Héctor Morales Rivera, quien precisó que el llamado se dirige a la Secretaría General de Gobierno, a la que pertenece el CISEC.

"Se hace un atento y respetuoso exhorto al Secretario de Gobierno del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones evalúe la posibilidad de diseñar e implementar un programa de oferta de empleo para los ex elementos policiacos que hayan sido de baja por motivos de resultados no satisfactorios en las pruebas practicadas por el CISEC y en donde pueda desarrollar actividades remuneradas que sean de beneficio para la comunidad", indica el texto aprobado.

Sin embargo, el mismo resolutivo considera hacer excepciones en los casos donde los ex policías no hayan aprobado las pruebas de confianza.

En la exposición de motivos, Morales Rivera señaló que hay una legítima preocupación por la falta de seguimiento a los ex policías que son dados de baja de las diferentes corporaciones.

"Reconocemos que es un problema mayúsculo que hoy enfrentan los gobiernos municipales y la propia Secretaría Pública del Estado, como la Policía Ministerial por la salida masiva de elementos que integraban las corporaciones de seguridad pública y principalmente por razones de pérdida de confianza y pobres resultados de las evaluaciones del desempeño por lo que se necesita un perfeccionamiento de los controles de vigilancia", indicó el diputado.

En consecuencia, añadió, de acuerdo a la opinión de diversos especialistas, la mejor herramienta disponible es la prevención del delito y una alternativa sería la implementación de un programa de empleo.

A favor del dictamen se manifestaron los diputados Fernando González Viejo, Juan Carlos Holguín Aguirre y José Ángel Alvarado Hernández.

Piden orientación a víctimas del delito

Por otro lado y para que las víctimas del delito tengan conocimiento de sus derechos, el Congreso del Estado aprobó enviar un exhorto a la Procuraduría de Justicia del Estado con la propuesta de implementar un protocolo para que los Agentes del Ministerio Público informen a los ofendidos sobre las garantías que a su favor consagra la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos.

El dictamen fue presentado por el diputado Omar Pérez Ortega a nombre de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, quien apuntó la necesidad de que las autoridades generen políticas públicas para proteger a quienes son afectados por conductas antisociales.

"Es primordial que el Estado desarrolle políticas en materia no sólo de prevención de ilícitos, sino con carácter integral, como lo son la obligación de informar sobre los derechos a los ofendidos y víctimas de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan al respeto y la legalidad", planteó el legislador.

En tal sentido y al hablar a favor del documento, el diputado César Garza Villarreal, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, recordó que en estos momentos, el país está en proceso de implementar el nuevo sistema de justicia penal en el que se ofrecen mayores garantías a los procesados, pero estimó que en forma paralela deben fijarse las obligaciones de la autoridad para orientar a las víctimas de los delitos con el propósito de que ejerzan sus derechos legítimos.

Para ello, consideró prudente considerar, próximamente, impulsar reformas al Código de Procedimientos Penales para que los ofendidos puedan acceder, por ejemplo, al Fondo de Apoyo a Víctimas de los Delitos.

A favor del dictamen también se manifestó el diputado Homar Almaguer Salazar.