La diputada Jessica Martínez presentó ante el pleno un exhorto dirigido a la Secretaria de Gobernación (SEGOB), al Gobernador, Samuel García Sepúlveda; al Secretario de Seguridad Publica, Aldo Fasci; al Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, Gustavo Guerrero; y a los 51 municipios del Estado para que solicita los informes de los casos de personas desaparecidas se realicen a través de una comunicación asertiva y con perspectiva de género. A la SEGOB se le exhortó para que, cumpla con la vigilancia de contenidos en medios de comunicación que le señala la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El exhorto tiene como objetivo no revictimizar a todas aquellas mujeres que fueron afectadas en sus derechos y bienes jurídicos tutelados.

La diputada lamentó que existan personas capaces de dañar a otras personas de formas inhumanas, pero lamentó aún más tener autoridades incapaces e insensibles ante los hechos de violencia. Jessica Martínez, refiriéndose a los funcionarios Aldo Fasci y Gustavo Guerrero y sus lamentables declaraciones, mencionó que: "No sólo deben mejorar, es decir que nos den mejores resultados a las y los ciudadanos. Desgraciadamente tienen mucho trabajo que hacer en el tema de atención y comunicación humana, así como trabajar en lograr una mejor sensibilización para las víctimas, pues, en lugar de coadyuvar con ellas, para resolver los problemas, las revictimizan."

Ante el pleno, la diputada Jessica Martínez, mencionó la total ausencia de los municipios: "deseo informarles que solicité a un ayuntamiento apoyo con la búsqueda de una mujer desaparecida, y que, hasta la fecha, no ha sido localizada, y un funcionario municipal me respondió que se pensaba que la mujer había abandonado a sus hijos. Este supuesto lo llevo a negar realizar ninguna acción al respecto..." Esto representa una clara violación a Ley de Victimas del Estado de Nuevo León en su artículo 37.

Aunado a esto, la diputada mencionó la lamentable participación de los medios de comunicación en la revictimización, los cuales hacen uso de títulos amarillistas, prejuicios, estereotipos, filtrando partes de la investigación para justificar su trabajo y sin tener tacto con las declaraciones. Lo antes mencionado viola la Ley General de Víctimas en su artículo 129. Por esto, resaltó la necesidad de involucrar a la SEGOB.

La diputada concluyó con la necesidad de mejorar la atención del sistema de justicia y que los funcionarios responsables, en caso de no querer mejorar o capacitarse en perspectiva de género pueden optar por renunciar a su cargo, ya que se requieren una administración y personal con empatía y respeto integral por las víctimas y sus familiares.