La Diputada Perla Villarreal Valdez exhortó al Secretario General de Gobierno para que informe en qué fecha está programada la siguiente reunión del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León.

La legisladora también solicitó saber si el Programa que se presentó durante la Segunda Sesión del Consejo celebrada el pasado 27 de septiembre del presente año, se hizo conforme a las medidas y lineamientos aprobados previamente.

Además, requirió el informe que se debió presentar en los primeros 10 días posteriores al inicio del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a este Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

"Desconocemos que se va a informar en caso de que se presentara dicho informe, ya que como lo indicamos previamente, pasó casi un año, antes de que se volviera a reunir el Consejo de Trata, lo cual resulta muy lamentable, pues esta omisión evidencia que no existe un verdadero interés por atender el problema de fondo, y que además no se les da voz a sus integrantes, pues el Secretario General de Gobierno llega con programas ya realizados, sin que se establezcan las medidas y lineamientos previos", manifestó en tribuna.

"Esto resulta relevante y preocupante, porque el Secretario General de Gobierno, en su calidad de Presidente de dicho Consejo, presentó un programa sin que previamente se establecieran los lineamientos y las bases para su elaboración, lo cual es una facultad exclusiva de todos los que integran el Consejo de Trata, es decir, un acuerdo que debe tomarse de forma colegiada, ya que además quienes lo integran se deben coordinar para su ejecución, pues desde sus respectivas competencias, deben establecer y estar de acuerdo conforme a sus facultades, las acciones que emprenderán para prevenir, atender y erradicar la Trata de personas en el Estado", agregó.

La legisladora local precisó que la Trata de Personas en Nuevo León, es una problemática que causa mucha preocupación ya que estadísticamente sigue siendo de las entidades federativas donde más se comete este delito en contra del libre desarrollo de las personas.