El Congreso del Estado aprobó modificar la Ley del Instituto Estatal de la Juventud.

La Diputada Marisol González, Presidenta de la Comisión de Juventud presentó en Tribuna el dictamen en el que se aprueba reformar la fracción VII del artículo 5, los incisos b) y c) de la fracción IV del artículo 8, el artículo 9, las fracciones I, II, III y el último párrafo todos del artículo 16, todos de la Ley del Instituto Estatal de la Juventud.

"La participación de las juventudes en los procesos de toma de decisiones es un pilar fundamental para el desarrollo democrático y equitativo de nuestra sociedad. En Nuevo León, las juventudes enfrentan desafíos cada vez más complejos, desde la falta de oportunidades en distintos ámbitos hasta la necesidad de contar con espacios reales de incidencia en las políticas públicas que les afectan. En este sentido, es responsabilidad de las instituciones garantizar que los espacios de representación sean efectivos, transparentes e incluyentes", mencionó la Legisladora.

Resulta imperativo que los mecanismos institucionales de participación ciudadana reflejen principios democráticos reales y sean accesibles a todos los sectores de la población, especialmente a aquellos que históricamente han sido marginados o subrepresentados, como es el caso de las juventudes. En tal virtud, la incorporación de procedimientos abiertos, reglas claras y criterios objetivos para la conformación del Consejo Joven de Participación Ciudadana no solo fortalece el principio de representatividad democrática, sino que también contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la consolidación de una cultura de participación activa en la toma de decisiones públicas.

En cuanto a la armonización de la Ley Estatal del Instituto de la Juventud, en virtud de la creación de nuevas secretarías y la modificación de atribuciones y nomenclaturas, resulta jurídicamente indispensable llevar a cabo dicha actualización para asegurar la certeza jurídica del marco normativo vigente. Ello en concordancia con el principio de legalidad, que establece la necesidad de que todas las normas sean claras, precisas y vigentes.

"La reforma propuesta resulta procedente, en tanto que abona a la actualización formal del marco normativo, promueve la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y contribuye a la consolidación de una cultura legislativa más inclusiva y respetuosa de los derechos fundamentales", aseguró la Diputada.